El director general del Sistema Penitenciario de Guatemala, Juvell de León, confirmó hoy que tras el violento motín en la Granja Penal Canadá, ubicada en el sureño departamento de Escuintla, fueron destituidos tanto el director como todo el personal y se inició “un régimen disciplinario”.
Los funcionarios y los agentes, que están siendo investigados, fueron asignados a otros centros penales debido al descontrol que provocó el motín del pasado 26 de abril, en el que perdieron la vida 10 privados de libertad y otros 25 resultaron heridos.
De León, durante una citación de la comisión legislativa de Derechos Humanos, recordó que en esta prisión no se encontraban líderes de las maras (pandillas), como La Rueda del Barrio o la Mara Salvatrucha, los cuales permanecen cumpliendo su condena en el Centro de Alta Seguridad de Escuintla, conocido como El Infiernito.
En el operativo posterior al motín en la Granja Penal fueron halladas 1 granada de fragmentación y 11 pistolas de 9, 40 y 45 milímetros de calibre, y añadió que fueron solicitadas pruebas balísticas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar de cuándo son las armas y así poder identificar si ingresaron antes o después de los escáneres instalados en la prisión en septiembre pasado.
Un día después de los disturbios en Granja Penal Canadá autoridades localizan armas de fuego.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 27, 2018
La diputada Nineth Montenegro, del opositor partido Encuentro por Guatemala, encaró a De León al preguntarle de dónde provienen entonces las armas: “¿Cómo ingresan a las cárceles? Éstas no caminan solas”.
Montenegro reconoció que el descontrol en las cárceles “es latente desde hace años atrás” y sugirió que los propios guardias podrían estar involucrados en el ingreso de las armas, lo cual fue secundado por los congresistas presentes, como el presidente de la comisión, del partido Todos, Ronald Arango, o Napoleón Rojas, del Movimiento Reformador.
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Sin embargo, tanto De León como los congresistas de la comisión de Derechos Humanos, el presidente de la Relatoría contra la Tortura, Carlos Solórzano; el viceministro de Seguridad, Kamilo Rivera; y la subprocuradora de Derechos Humanos, Miriam Roquel Chávez, coincidieron en que el impacto de la sobrepoblación, la cual sobrepasa el 300 por ciento de capacidad en las cárceles, hace “imposible” y “complicado” el control de éstas.
Con información de agencia ACAN-EFE*.
