Casi 400 observadores nacionales e internacionales vigilarán la consulta popular para dar un paso en la solución del centenario diferendo territorial, insular y marítimo que tiene con Belice.
Así lo anunció la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, quien detalló que 385 personas de diferentes instituciones y 25 países velarán por este proceso, en el que están llamados al voto más de 7.5 millones de guatemaltecos.
Misión de corto plazo
Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay, que forma parte de esta comitiva, explicó que esta es una misión “de corto plazo” y de “perfil eminentemente técnico” integrada sobre todo por magistrados y altos funcionarios de organismos electorales miembros de los protocolos de Quito y Tikal.
“Como tal la misión se va a limitar a observar el desarrollo de la jornada de consulta popular, con énfasis en la instancia del escrutinio y la transmisión de resultados”, agregó.
En su opinión, dadas las peculiaridades de este proceso de consulta, el mayor reto será “el nivel de participación” y para la autoridad electoral “el ejercicio de una logística preparatoria para el desarrollo de las elecciones nacionales el año próximo”.
Antecedentes de consultas
Históricamente, la participación en las dos consultas populares realizadas ha sido muy baja. El 30 de enero de 1994, Guatemala celebró una para aplicar reformas constitucionales y ganó el “sí”, pero el abstencionismo fue del 85 por ciento.
En la segunda, el 16 de mayo de 1999, se consultó al pueblo si a los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996, con los que se puso fin a un sanguinario conflicto armado interno de 36 años, se les daba rango constitucional y la ciudadanía dijo “no”, en una votación que tuvo un abstencionismo del 81.45 por ciento.
Los observadores internacionales se desplegarán en el distrito central y en otros departamentos, organizados en cinco rutas.
Está previsto que se celebre una reunión de evaluación una vez concluida la labor de las juntas receptoras y el procesamiento de resultados, y posteriormente entregarán un informe con observaciones y eventuales recomendaciones a la autoridad electoral de Guatemala.
