Jorge Cruz, asesor de la Unidad de Soberanía y Dominio, del Ministerio de Relaciones Exteriores, explica cual es el procedimiento a realizarse en la consulta popular del 15 de abril, respecto del diferendo territorial con Belice.
Informa que, por de pronto se está llevando a cabo una capacitación para el personal del Tribunal Supremo electoral (TSE) en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos (Usaco)
“La idea es que el personal del TE conozca las implicaciones de la consulta popular y el origen del diferendo territorial con Belice”, explica.
Agregó que la consulta es similar a las votaciones en una elección. “Los puestos estarán donde siempre han estado en cada comicio” señala.
Se hará una pregunta
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¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?
Si la respuesta es NO, Guatemala no acudirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el diferendo quedará pendiente, incluso por años.
Se perderá la oportunidad de dirimir la controversia territorial, insular y marítima ante el más alto tribunal internacional; quedando sin resolver el conflicto por tiempo indefinido. Guatemala estaría obligada a continuar en la búsqueda de soluciones a la controversia, de conformidad con el Derecho Internacional, ya que por mandato constitucional no puede renunciar a ello.
Si la respuesta es SÍ, es como otorgar un mandato a las autoridades para que asistan a la CJI. La Corte tendrá que fallar de acuerdo a los intereses territoriales de Guatemala y Belice.
Guatemala y Belice resolverán el diferendo ante una instancia internacional, con la garantía de que se aplicarán normas jurídicas internacionales.
Antecedentes
El 14 de agosto de 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de Guatemala publicó un comunicado por medio del cual el Presidente declaró que se reconocía el derecho de Belice a su libre determinación.
Asimismo, estableció que se continuaría negociando y se agotarían las instancias legales para la resolución definitiva del diferendo, porque se reconocieron dos elementos del Estado beliceño: gobierno y población, pero no el territorio.
