La Corte de Constitucionalidad ha solicitado más estudios en relación al caso de la Minera San Rafael para poder emitir una sentencia, informó hoy Martín Guzmán, secretario de la máxima corte.
La mina está ubicada en San Rafael las Flores, entre Santa Rosa y Mataquescuintla, Jalapa; sin embargo, los estudios que se han requerido son en la localidad del departamento de Santa Rosa y corresponden a informes antropológicos (manifestaciones sociales y culturales de las comunidades) .
La CC aún no logra llegar a una decisión en cuanto a la situación de las operaciones de la Mina San Rafael, debido a que se necesitan más estudios antropológicos y versados, informó Martín Guzmán, secretario de la Corte.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 8, 2018
Existencia de pueblos indígenas
Previo a resolver el caso, se ha requerido al Ministerio de Cultura y Deportes, al Instituto de Estudiso Interétnicos (IDEI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropólogicas (CIAA) de la Universidad del Valle de Guatemala, que cada uno lleve a cabo en forma separada los estudios para “obtener información acerca de la existencia de pueblos indígenas” se lee en el expediente.
En el caso del Ministro de Ambiente y Recursos Naturales se le fijo un plazo de 48 horas, a partir que sea notificado, para remitir el instrumento de Evaluación Ambiental aprobado por esa entidad sobre el proyecto extractivo.
Las operaciones en la mina San Rafael permanecen detenidas de forma preventiva como resultado de un amparo provisional otorgado por la CSJ. Dicho amparo en su momento fue confirmado por la CC.
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Las operaciones en la mina San Rafael permanecen detenidas de forma preventiva como resultado de un amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia, desde el 5 de julio del año pasado.
La notificaciones del requerimiento se espera, sean entregadas este jueves.
Pérdida de empleos
Andres Dávila vocero de la empresa, dijo que los requerimientos solicitados por la Corte ya obran en los más de 700 folios que cuenta el expediente. “Nos preocupa que esta solicitud sirva únicamente para atrasar una decisión que le está costando diariamente al país Q5.1 millones que no entran a la economía nacional”, señaló Dávila.
El entrevistado aseguró que la paralización forzó al cese de 250 trabajadores.
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Con información del periodista Ludvin Torres.
