El transporte público de pasajeros en Guatemala, que en la actualidad es “caótico”, se volvió un negocio de hasta unos US $57 millones anuales en subsidio, dijo hoy Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
Guerra intervino durante la presentación de un análisis sobre la importancia de contar con un servicio seguro y eficiente organizado por Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
El funcionario explicó que en la década de los setenta el subsidio era de unos Q600 mil mensuales, para alcanzar los Q35 millones al mes durante el gobierno del presidente Álvaro Colom (2008-2012).
“Esa cifra nunca se había visto en Guatemala y no se tradujo en mejoras en el servicio, por el contrario empeoró la situación” porque de los 3 mil 500 autobuses del Transurbano que deberían circular solo existen unos 550, explicó.
Presidente Colom, capturado
Colom y casi la mitad de su Gabinete de Gobierno fueron capturados la semana pasada por un fraude al Estado en la implementación del sistema masivo de transporte Transurbano en la capital guatemalteca por al menos US $35 millones.
Guerra manifestó que la falta de transporte público está siendo reemplazado, en un 90 por ciento, con microbuses “piratas” y autobuses en mal estado.
Plataforma digital
Con la finalidad de buscar mejorar al servicio, Acción Ciudadana creó una plataforma digital en la que reciben denuncias de los usuarios, desde la falta de transporte, abusos y cobros ilegales.
Gabriela Ayerdi, de esa organización, reveló que desde 2016 a la fecha han recibido 12 mil 209 denuncias de todo tipo, y que con el propósito que se le de seguimiento a este problema, entregaron hoy la plataforma a la PDH.
Que la ciudadanía denuncie
“Lo que esperamos es que la ciudadanía siga denunciando porque hoy no circula ni el 10 por ciento de los 3 mil 500 autobuses autorizados”, aseguró, por su lado, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.
Una representante de Transparencia Internacional (TI), Zoe Reiter, comentó que hay que pensar en la reestructuración del transporte y que ahora “es el momento clave” para mitigar la corrupción en la que están implicados funcionarios y políticos.
