La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) advirtió hoy de que en 2017 continuó “la falta de respeto” a los defensores de los derechos humanos, con un discurso y actuación que muestra el “odio y desprecio” hacia ese colectivo, cuya lucha se descalifica.
Para ello se utilizan redes sociales y medios de comunicación en los que se difunde un discurso de contenido “racista, sexista y patriarcal”, dirigido también contra quienes buscan justicia por los crímenes cometidos durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996), ya que muchos de los que cometieron tales hechos “aún son parte de estructuras de poder vigente”.
Informe circunstanciado
En su Informe Anual Circunstanciado, en el que se analiza la situación de los derechos humanos durante 2017, la Procuraduría recuerda que hasta octubre del año pasado se habían registrado 328 ataques contra defensores de derechos humanos, entre ellos 52 asesinatos, de los que 45 fueron perpetrados contra mujeres.
Del total de defensores agredidos (328), 175 fueron hombres y 121 mujeres, datos que demuestran el motivo que llevó a la Procuraduría a incrementar la solicitud de medidas cautelares para “evitar mayores violaciones” contra los defensores, sobre todo aquellos que atienden temas de ambiente, territorio y justicia.
Otra de las formas de intimidar a este colectivo, señala el informe, es “la toma de fotografías y vídeos” por parte de “empresas extractivas y militares retirados” sin su consentimiento cuando asisten a actividades públicas, sobre todo protestas o manifestaciones.
Periodistas agredidos
Los periodistas y comunicadores constituyen uno de los gremios que más ataques reciben. Entre enero y octubre de 2017 se registraron contra ellos, según la Fiscalía, 95 ataques, la mayoría amenazas, coacciones y lesiones leves, además de dos asesinatos.
Contra los operadores de justicia la Fiscalía registró hasta octubre de 2017 un total de 122 ataques, los más habituales “amenazas, atentados, coacciones, robo agravado y lesiones leves”.
En este sentido, la PDH expresó su preocupación porque el Estado de Guatemala no haya formulado una política específica en materia de educación sobre derechos humanos.
