La titularidad del colombiano Iván Velásquez al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que investiga estructuras clandestinas en el interior del Estado, es la más trascendental desde su instauración en 2007, según un reporte de la revelado hoy.
El “Informe Circunstanciado Sobre la Situación de los Derechos Humanos de 2017”, elaborado por la Procuraduría de Derechos Humanos, también analiza la coyuntura y la situación de ese país centroamericano.
En este sentido, el magistrado de conciencia, Jordán Rodas, dijo que el periodo del abogado colombiano al frente de la Cicig, que inició el pasado 2013, es “el que más trascendencia tiene en la historia de Guatemala“, tanto por el fortalecimiento de la Fiscalía como por los casos revelados.
Legisladores estadounidenses reiteran el apoyo al Comisionado y a CICIG.
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Uno de ellos, el conocido como “El Estado como Botín: Registro General de la Propiedad”, que revela los pagos anómalos autorizados por los responsables del Registro General de la Propiedad y en esta investigación un juzgado abrió juicio contra Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo, respectivamente, del presidente del país, Jimmy Morales.
Es en este caso, según el Procurador, donde hay punto de inflexión en la relación del mandatario con el comisionado, pues a su juicio “provocó un distanciamiento y falta de apoyo de la Presidencia” al trabajo por el ente de la ONU, un hecho que se demuestra con el intento de expulsar del país al colombiano el año pasado.
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Pero para Rodas, que reconoce que la corrupción tiene una “naturaleza compleja”, los efectos de esta lacra “son claros”, pues viola los derechos humanos de los más débiles, teniendo un impacto “desproporcionado” en las condiciones de vida y en las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Así relaciona que, derivado de este impacto negativo, el Estado de Guatemala tiene “pendiente” garantizar el derecho a la seguridad y la integridad personal, pues hay un promedio de 15 asesinatos diarios.
Policía debilitada
“El despliegue policial a nivel nacional es insuficiente. Los agentes (…) no cuentan con los implementos necesarios para cumplir con su función, hay limitación en la provisión de gasolina para las patrullas y las municiones; los agentes carecen de armas de alto calibre”, los sueldos son bajos y las infraestructuras están “en mal estado”, relata el documento.
PDH recomienda a la PNC y Conred la evaluación inmediata del inmueble de la Subestación 41-11, ubicada en San Marcos. pic.twitter.com/iTJycOSQC7
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Fuente: EFE
