La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe una misión de verificación a Guatemala para investigar la existencia de un supuesto “pacto de corrupción e impunidad” en las altas esferas del país.
Preocupada por “el debilitamiento del Estado de Derecho y sus instituciones”, la CIJ, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitó la verificación de la CIDH con el fin de evitar que avance el “pacto de corruptos”, el cual le podría causar “un grave daño irreparable a la democracia y al pueblo de Guatemala”.
También lo solicitan a la ONU
En un comunicado la CIJ también urgió a la representante residente del Sistema de Naciones Unidas, Rebeca Arias, a tomar medidas adecuadas para “evitar que continúe avanzando dicho pacto”.
El llamado “pacto de corruptos”, se lee en el texto, se consolidó cuando el presidente, Jimmy Morales, declaró “sin ningún fundamento” persona no grata al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, el año pasado.
Esto quedó en un simple intento luego de que la Corte de Constitucionalidad decretara la invalidez de la acción presidencial.
A esa decisión de Morales se sumó el intento de reformas al Código Procesal Penal del Congreso que buscaba proteger de investigaciones penales a los secretarios generales de los partidos políticos, así como la reciente remoción del Superintendente de Administración Tributaria o el presunto intento de destituir al Procurador de los Derechos Humanos, agregó la CIJ.
Quieren un sistema de impunidad
Según el director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, con base en una “errónea interpretación de la soberanía nacional” y en “absoluto desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, funcionarios de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial han intentado que prevalezca “el sistema de impunidad que ha existido en el país en las últimas décadas”.
En 2017, Guatemala logró salir de la lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y subió dos categorías ante el foro global de ese ente por ser un “país pionero” a nivel internacional en acciones a favor de la “probidad, transparencia y la lucha contra la corrupción”.