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Guatemalteca finalista del premio Sájarov acusa a empresas europeas de violar derechos en el país

La activista maya guatemalteca exiliada en España Aura Lolita Chávez, finalista del Premio Sájarov que entrega el Parlamento Europeo, ha pedido ayuda a esa institución para que garantice que las empresas europeas que actúan en su país “respeten los derechos humanos”.

“Tenemos derecho a la vida, al agua y a la tierra”, reivindicó Chávez en una entrevista a Efe en la que denunció que las multinacionales presentes en Guatemala “perpetran asesinatos y torturas contra quienes alzan la voz contra ella”, una situación en la que cree que la Unión Europea (UE) “tiene una responsabilidad”.

La propia activista, que esta semana viajó a Estrasburgo (Francia) con motivo de la entrega del premio Sajárov, ha sido víctima de tres intentos de asesinato y a día de hoy se encuentra en el País Vasco en el marco de un programa de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque ya está elaborando su plan de retorno.

“Regresar a Guatemala puede llevarme a la cárcel o al cementerio, pero espero que las medidas cautelares del CIDH lo eviten”, aseguró Lolita, que entiende que, de sucederle algo, “sería culpa del Estado de Guatemala, de las empresas y, si no hace nada, de la UE”

Aunque el foco principal de las críticas de la finalista del Premio Sájarov son las transnacionales “depredadoras”, también denunció la “complicidad” de Guatemala, un Estado “racista, excluyente y entreguista”.

“Las mafias corporativas están vinculadas con estructuras paramilitares y de sicariato”, explicó la activista maya, que entiende que la problemática que afecta a su país “es muy similar a la de Colombia o México”.

A pesar de que Guatemala cuenta con un sistema de áreas protegidas para proteger sus recursos naturales, Chávez denunció que esta legislación es ineficaz y “se abren igualmente las puertas al saqueo y el despojo por parte las transnacionales” sin consultárselo a los pueblos originarios.

La activista también lamentó que el complejo hidroeléctrico Renace, de la empresa española ACS, haya afectado a los 29.000 indígenas que habitan en las inmediaciones del río Cahabón, “cuyo caudal disminuye cada día”.

Con información de EFE / Foto Parlamento Europeo

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