La Fundación Rigoberta Menchú Tum, dijo que la iniciativa de ley de amnistía presentada en el Congreso busca “blindar con impunidad las graves” violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
En un comunicado la entidad manifestó su rechazo rotundo al interés de los diputados que pretenden reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
“Lo que constituye una bofetada para el pueblo de Guatemala y para las víctimas del conflicto armado interno que han confiado en el sistema de justicia para esclarecer y castigar a los responsables de los más horrendos crímenes contra la humanidad”, señala el texto.
El diputado Fernando Linares Beltranena presentó el lunes una iniciativa de ley con la que se busca dar amnistía a los miembros del ejército y exinsurgentes que participaron en la guerra civil porque “a pesar de que hay 63.000 delitos cometidos por la insurgencia, solo una persona está detenida”.
“Sin embargo, hay 72 oficiales, especialistas y soldados en la cárcel”, manifestó Beltranena durante la presentación de este proyecto en el Congreso, donde cuenta con el aval de 13 parlamentarios, y denunció un “sesgo y parcialidad” en este tipo de casos.
Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley denominada "reconciliación nacional".
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 6, 2017
Impunidad
Ante ello, la Fundación Rigoberta Menchú Tum recordó que durante el conflicto, el ejército de Guatemala “cometió graves violaciones a los derechos humanos tales como genocidio, violencia sexual, esclavitud sexual, terrorismo de Estado, tortura, desapariciones forzadas, masacres comunitarias, entre otras”.
“Legislar en favor de criminales y la impunidad pone en riesgo la seguridad y la vida de los guatemaltecos. No hay otro camino que nos lleve a la paz firme y duradera sino es por la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad”, agrega el escrito.
En él, la entidad asegura además que este proyecto de ley viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como el interés de la población de sentar “precedentes históricos y fortalecer las instituciones de justicia para que nunca más se cometan crímenes de lesa humanidad en Guatemala“.
“Es evidente que la iniciativa de ley busca favorecer a militares implicados en flagrantes delitos contra la humanidad y sentar las bases de un sistema de impunidad que garantizaría el uso de la violencia como medio para resolver cualquier conflicto social, político y económico”, agrega la fundación de la premio Nobel.
En este sentido, expresó su profunda preocupación porque el Estado siga actuando “con saña y violencia desproporcionada” contra el pueblo maya Q’eqchi’ en los desalojos recientes, donde quemaron viviendas, ropa de mujeres, cultivos y cosechas, dejando a la gente “sin posibilidades de vivir”, como ocurrió durante el conflicto armado interno.
En el conflicto armado interno entre 1960-1996 hubo genocidio y se perpetraron unas 669 matanzas, en su mayoría a indígenas y campesinos, que aún siguen buscando Justicia, según el informe “Memorias del Silencio” realizado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas.