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OIT aplaza por segunda vez decisión sobre comisión de encuesta para Guatemala

Esta decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, órgano decisorio de la entidad en el intervalo de su conferencia anual, que se reúne una vez al año en junio.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dejó en suspenso hasta marzo próximo su decisión de formar o no una “comisión de encuesta” sobre Guatemala, el procedimiento de investigación de más alto nivel de la institución.

Esta decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, órgano decisorio de la entidad en el intervalo de su conferencia anual, que se reúne una vez al año en junio.

Es la segunda vez que se aplaza la decisión sobre la comisión de encuesta, a la que se recurre cuando un Estado miembro de la OIT es acusado de cometer violaciones persistentes y graves de los derechos relacionados al trabajo y, además, se niega a resolver la situación.

En la misma decisión, el Consejo de Administración pidió al Gobierno de Guatemala que dedique “todos sus esfuerzos” y “los recursos necesarios” para implementar el acuerdo nacional alcanzado con los sindicatos para resolver los puntos de litigio pendientes.

El Consejo de Administración de la OIT también analizó el nivel de cumplimiento de una serie de compromisos adoptados en un acuerdo previo para rebajar las tensiones relacionadas con la violencia contra el movimiento sindical guatemalteco y las limitaciones en el ejercicio de la libertad sindical.

Investigaciones

En los datos presentados por el Gobierno figuran los avances en las investigaciones y procesos penales relacionados con 89 homicidios, de los que informó que se han dictado sentencias condenatorias en dieciséis casos, cuatro absolutorias y que más de medio centenar siguen siendo objeto de investigación.

Sin embargo, los representantes de las centrales obreras denunciaron a la OIT que “los ataques contra los miembros del movimiento sindical siguen empeorando” e hicieron hincapié en el asesinato del dirigente Tomás Francisco Ochoa, ocurrido el pasado 1 de septiembre.

 

Los sindicatos deploraron que ni el Ministerio Público ni la cartera de Gobernación hayan proporcionado informaciones sobre el rumbo y avance de las investigaciones.

Sobre los peligros que corren los sindicalistas, las autoridades comunicaron a la OIT que se recibieron 33 solicitudes de medidas de seguridad de miembros de esas centrales y que en cada caso se efectuó “un estudio de riesgo”, que dieron lugar a dos medidas de seguridad personal y a otras de distinta naturaleza.

Sin embargo, los sindicatos aseguraron a la OIT que no tuvieron conocimiento “de ningún estudio de riesgo” y que “no prosperó ninguna solicitud de medidas de seguridad”, ni siquiera la pedida para la familia de Ochoa.

Con información de la agencia EFE

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