Zury Ríos, hija de general retirado Efraín Ríos Montt y excandidata a la presidencia de Guatemala, pide que se reactive la pena de muerte para luchar “por la vida” de todos los inocentes que mueren a diario en el país.
“Por la vida hay que cumplir con la ley, por la vida hay que aplicar la pena de muerte”, aseguró en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que hace referencia a la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de anular la aplicación de la pena capital.
Pena suspendida
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.
En ese mismo inciso se regula que es el Congreso el que podrá “abolir” este castigo.
La resolución de la CC, dada a conocer el pasado mes de octubre, declara inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente, al que se suma el de asesinato, cuya declaratoria se remonta a 2016.
Preocupación y tristeza
Zury Ríos mostró su “preocupación” y “tristeza” por los hechos violentos que a diario suceden en el país y lamentó que hoy en día estén gobernados “por los intereses de muy pocos, los verdaderos delincuentes, los exportadores de las malas noticias, los que nos hacen daño”.
“Sé que somos más los que queremos un futuro mejor en el que nuestros hijos puedan salir a las calles”, declaró la hija del exdictador, que invitó a la población a reflexionar sobre un tema que “a todos nos interesa profundamente”, la pena de muerte, un castigo con el que están de acuerdo el 80% de los guatemaltecos, según sus cifras.
Zury hizo hincapié en que la pena capital no está abolida y recalcó que esa decisión está en manos del pueblo, “representado en el Congreso”, y expresó su tristeza por el hecho de que “esté de moda proteger más los derechos humanos de un marero o de un sicario extorsionista asesino en serie” que los de los trabajadores.
