El diputado Adim Maldonado, presidente de la comisión legislativa de Finanzas, aseguró en el programa A Primera Hora de hoy, que no aprobarán el proyecto de presupuesto de la nación 2018, como lo solicita el Ejecutov
Agregó que habrá reducciones, pero no identificó las áreas o los ministerios afectados.
La propuesta del Ejecutivo es por un monto de Q87 mil 922.9 millones, que contempla un incremento de Q10 mil 591 millones, respecto del monto fijado para el 2017 de Q77 mil 309 millones.
¿Cómo ven en la Comisión de Finanzas el proyecto del presupuesto?
Hace mes y medio se recibió en el Congreso, luego pasó al Pleno y esto lo trasladó a la Comisión de finanzas. Desde entonces hemos iniciado con las discusiones.
Se tomó la decisión de escuchar a todas las instituciones, entidades autónomas y descentralizadas. La mayoría ha llegado a pedir más dinero, no a defender lo que ya se les había asignado.
Llegamos a la conclusión de que existe el problema de que todos manifiestan tener necesidades y obligaciones, y que con lo que se les asigna no les alcanza.
Pero no sólo eso…
Otro problema es la baja ejecución en el rubro de inversión. Más del 90 por ciento, por no decir el 100 por ciento, de las instituciones que escuchamos manifestaron su preocupación y trataron de justificar la poca inversión física, echándole la culpa a la Ley de Contrataciones del Estado.
La próxima semana culminamos las audiencias. El lunes escuchamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y el martes finalizamos con el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Hay consenso de que hay que bajar la cantidad proyectada, que está solicitando el Ejecutivo. También hay rubros que aunque quisiéramos bajarlos no se puede, porque son de orden constitucional.
No vamos a aprobar el presupuesto como está planteado, sino que proponemos algunas modificaciones para tener un presupuesto que sea viable.
Explicaciones por baja ejecución presupuestaria
Hay diversas explicaciones. En el caso de las carreteras es por problemas legales que tienen las rutas de la Costa Sur o la de Oriente con las empresas Odebrecht Sigma, Topsa.
No han podido aplicar la Ley de Contrataciones del Estado con base a las reformas del 2015 y del 2016, y por las normas presupuestarias que quedaron establecidas en el artículo 100.
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