El ministro de Comunicaciones, Aldo García, indicó hoy tras el gabinete de Gobierno que el “feliz acuerdo” al que llegó su administración con la constructora brasileña Odebrecht no se trata de “una negociación” sino de una “liquidación de contrato”.
Esto permitió “la liberación” del resto de la carretera que no trabajó Odebrecht -se presume que únicamente concluyó el 30 por ciento de la obra-, lo que “permitirá licitar el resto” que va de Cocales, Suchitepéquez, a la frontera con México en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.
“Si no hacíamos la separación todo se quedaba amarrado a un solo proyecto”, afirmó García, y reiteró que el fin de la cartera de Comunicaciones es “darle movilidad y transitabilidad al país”.
Nombrarán Junta Liquidadora
El ministro describió que una junta liquidadora -próxima a ser nombrada por el director de Caminos- investigará lo construido por Odebrecht para poder efectuar “una liquidación” y “determinar cuánto se recuperará”, pero “no es una negociación”, zanjó.
En la parte que la empresa brasileña dejó pendiente (el 70 por ciento del tramo) se acordó que quedará liberado del contrato y así “podré yo repararla, pues está llena de baches”, pronunció el titular de Comunicaciones.
Ese tramo pendiente será dividido en tres licitaciones distintas, las cuales serán presentadas el 5 de diciembre.
De urgencia nacional
En 2012, el Congreso aprobó de “urgencia nacional” la contratación de un préstamo (ya suspendido, según el subcontralor) con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) por 399,4 millones de dólares para llevar a cabo la construcción de la carretera CA-2 Occidente, desde Cocales, Escuintla, a la frontera (con México) de Tecún Umán, San Marcos.
Sin embargo, en junio de 2016 la empresa brasileña anunció que no cumpliría con el contrato y que había ejecutado un gasto del 70 % de la obra, la cual solo había avanzado un 33 por ciento y que, además, había hecho un cambio en el pacto inicial en la distancia: pasó de 148 kilómetros a 48, con un asfalto “más resistente”.
El 18 de octubre pasado, durante una citación de la bancada Encuentro por Guatemala, la Contraloría General de Cuentas dijo desconocer ese “feliz acuerdo” pero, en todo caso, hizo saber el subcontralor César Elías que “la ley orgánica del Presupuesto Público establece que el responsable de la ejecución presupuestaria es responsabilidad del ministro”.
