Las 111 familias de la comunidad Laguna Larga, en San Andrés, Petén, que se encuentran refugiadas en Candelaria, frontera con México, viven en una situación “deplorable”, aseguraron miembros de una comisión de derechos humanos que visitaron la región.
Los 450 campesinos -entre hombres, mujeres y niños- dejaron la comunidad ubicada en Laguna del Tigre, considerada como área protegida, el 2 de junio antes de que las fuerzas de seguridad llegaran a desalojarlos con orden judicial, explicó Dania Rodríguez, de la Comisión de Verificación de Violaciones a los Derechos Humanos.
Visita de julio
Agregó que durante una visita realizada en julio pasado pudieron constatar que hubo un “desplazamiento forzoso” de las 111 familias que viven bajo carpas, que ya están deterioradas, las cuales fueron donadas por organizaciones no gubernamentales mexicanas e iglesias evangélicas.
Rodríguez aseguró que también se comprobó que en Laguna Larga “hubo destrucción y saqueo”.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que también verificó la situación de los campesinos, sostuvo que las familias están en una condición “deplorable”.
“Están en una condición de extremo peligro, deplorables, no podemos tolerar ese desprecio”, enfatizó durante una reunión convocada por el diputado opositor Leocadio Juracán junto con más de medio centenar de los desplazados.
Ambos activistas solicitaron al Estado permitir por “razones humanitarias” que las familias retornen a Laguna Larga mientras se resuelve su situación.
Llamado al Estado
Además, exhortaron al Estado a cumplir las medidas cautelares ordenadas el pasado 25 de septiembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad personal de los 450 indígenas de las etnias mayas q’eqchi, Chuj y mestizos.
Hace dos días el comisionado presidencial del Diálogo, Sergio Flores, dijo que la “única vía” para resolver la situación de esos pobladores es su reubicación en una finca localizada en el departamento caribeño de Izabal.
El funcionario aseguró que las familias “no pueden retornar a Laguna Larga” porque “constitucionalmente no es factible” por la ley del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) prohíbe que familias se asienten en esas zonas.
CC debe decidir
Sin embargo, será la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, la que decida el futuro de las familias desplazadas cuando resuelve un amparo presentado por la comunidad.
Cadena aseguró que en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice, “hay un problema serio de narcotráfico que no se va a solucionar con los desalojos de los pobladores”.
El activista comentó que si las autoridades no permiten el retorno de las familias desplazadas que al menos les garanticen el derecho a la alimentación.
Con información de Agencia EFE
