Cuatro meses después de que les desalojaran de la comunidad Laguna Larga, 450 guatemaltecos continúan apostados en la frontera con México, afrontando problemas de salud y sin que el Gobierno de su país les haya propuesto una reubicación.
Desde el pasado 2 de junio, poco más de un centenar de familias permanecen en casas de campaña a lo largo de la frontera con el estado suroriental estado de Campeche.
Su caso ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a finales de septiembre les otorgó una medida cautelar para proteger la vida e integridad personal de estos pobladores del municipio de San Andrés, en el Petén Guatemalteco.
Esto ha servido para que se vea “por primera vez una preocupación por parte del Estado de Guatemala por resolver esto”, si bien todavía falta voluntad política, remarca Enrique Vidal, de la ONG Voces Mesoamericanas, una de las que están proporcionando asistencia a los campesinos.
Gobierno sin respuestas claras
El Gobierno todavía “habla de una manera muy genérica de una vía de reubicación, sin fecha concreta”; afirma que “tienen pendiente hacer un censo de población”, pese a que esta ya se encuentra contabilizada, dice Vidal.
Aun así, la comunidad tiene claro que quiere volver a su tierra, de la que fueron expulsados acusados de estar en un área protegida, pese a que en el momento de su asentamiento contaron con el permiso de las autoridades.
El caso está ante la Corte de Constitucionalidad, que sigue sin resolver el amparo, aunque ya está “fuera de plazo”, indica el activista.
Tras la medida cautelar, el Estado tendrá que informar a la CIDH sobre qué medidas está tomando para atender la situación humanitaria.
Hay menor ayuda humanitaria
La ayuda humanitaria, defiende Vidal, sigue llegando, pero en menor medida. En esto han repercutido, en parte, a los sismos registrados en septiembre en el centro y sur de México, que dejaron miles de damnificados.
La situación sanitaria ha mejorado levemente porque desde hace poco cuentan con una planta potabilizadora de agua -aunque no es suficiente para toda la comunidad-, pero una de las preocupaciones es que está regresando el lodo, uno de los principales focos de infección.
En el campamento, hay un médico comunitario instalado de lunes a viernes, pero no se está atendiendo debidamente el impacto psicológico a los campesinos que sufren como víctimas de violaciones de derechos humanos.
Entre los males que presentan los guatemaltecos, enumera Vidal, están situaciones de insomnio, estrés, depresión y extrema ansiedad.
Quieren volver a casa
Los niños “quieren volver a su casa”, quieren “su lugar”, señala Américo Chacón, perteneciente al Consejo Comunitario y padre de ocho hijos.
La situación de los menores en el campamento es especialmente grave, ya que no están teniendo una alimentación variada. Según datos de Unicef, hay 36 niñas y niños que presentan grados de desnutrición de leve a grave, de los cuales entre 7 u 8 menores de cinco años tienen desnutrición grave.
En el periodo que han pasado en la frontera, han nacido tres niños, y actualmente hay una docena de mujeres embarazadas. También ha habido tres abortos.
Aunque la mayoría de los menores han nacido en el municipio de San Andrés, hay “entre 15 y 20 menores nacidos en México, que tienen doble nacionalidad”. Por tanto, las familias de estos podrían pedir asilo al país aferrándose a este aspecto.
Exigen su retorno
Por el momento, la postura general es “exigir el retorno inmediato a Guatemala, pero no se descarta en algún momento que las personas solicitaran asilo a México”, señala Vidal.
“Ahora hay unanimidad, consenso en exigir el retorno”, apunta, pero si se da a conocer la vía de reubicación y no les satisface, podría darse una separación entre los que quieran quedarse en México o en Guatemala.
Obdulio de Jesús Chomá, alcalde auxiliar de la comunidad, afirma que quiere volver a su comunidad, donde puede cultivar tierras, ya que ahora están sin ocupación: “Nosotros somos campesinos, y ¿cómo vamos a generar trabajo? No nos vamos a tirar a robar porque somos personas honestas y honradas”.
Cuando fueron expulsados, los campesinos pidieron permiso para volver a recoger sus cosechas. Sin embargo, la autorización no les llegó hasta septiembre, cuando ya habían perdido el 80 % de los cultivos que constituyen su medio de vida.
“Que el presidente diga ‘vuelvan a su lugar’. Con eso basta. No le pedimos la luna ni las estrellas”, sentencia.
Con información de Isabel Reviejo/Agencia EFE
