La segunda solicitud de retiro de inmunidad del Presidente Jimmy Morales, esta vez por el pago de un bono proveniente de fondos asignados al Ejército generó distintas posturas.
En el caso Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de la Industria indicó que se debe dejar trabajar a las instituciones, refiriéndose al actuar del Ministerio Público (MP).
Por su parte Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro-justicia indicó que hay irregularidades en haber otorgado esos bonos y es válida la presentación del antejuicio. Aclaró que con ese mecanismo no están declarando culpable al mandatario sino que permite que el MP indague las condiciones en las que se aprobaron los bonos.
Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicó que a su criterio la Contraloría General de Cuentas (CGC), está actuando en el ámbito penal y según su opinión debía de agotar la vía administrativa.
Finalmente Pablo Hurtado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) indicó que a su criterio se está llevando a cabo el proceso adecuado por que el MP, está respondiendo a las acciones de la CGC.
Hurtado agregó que el antejuicio también trae consigo incertidumbre por lo que podría ocurrir con este en el Legislativo de darlo con lugar la corte suprema de justicia.
El abogado Geovanni Fratti señaló que un proceso administrativo ya se cumplió en relación a este caso. “El remedio o el castigo fue devolver el dinero, el Presidente ya lo devolvió según la sanción de la Contraloría, no entiendo cual es el fundamento jurídico” afirmó.
