El jefe de una misión antimafias de la ONU en Guatemala afirmó este jueves que la decisión del Congreso de mantener la inmunidad al presidente Jimmy Morales, señalado de recibir fondos ilegales de campaña, no afecta una investigación sobre financiamiento electoral.
Aunque Morales no puede ser investigado, la fiscalía guatemalteca y la misión de la ONU mantienen una “investigación integral y profunda” sobre el posible uso de recursos ilícitos por parte del partido gobernante y otras agrupaciones en la campaña electoral de 2015, dijo el exjuez colombiano Iván Velásquez.
“No afecta en realidad ese diseño que con la fiscal general (Thelma Aldana) hemos concebido para la investigación de financiamiento” electoral hace dos años, declaró a corresponsales de prensa extranjera Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
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La fiscalía y la Cicig solicitaron el 25 de agosto quitar la inmunidad al presidente al encontrar irregularidades en las finanzas del partido FCN-Nación, que lo llevó al poder en 2015.
La Corte Suprema remitió el proceso al Parlamento, que el lunes mantuvo la inmunidad de Morales con el voto de 104 de los 158 diputados.
Mandatario lo declara “No grato”
Dos días después de que se pidió quitar la inmunidad, Morales intentó expulsar a Velásquez de Guatemala, al acusarlo de injerencia en asuntos internos, pero la orden fue frenada por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial.
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Velásquez señaló que existen “aportantes” y “otros órganos” de los partidos políticos que están sujetos a la investigación, y que uno de los objetivos es sanear las finanzas de los partidos del acoso del narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades criminales para el proceso electoral de 2019.
“Si logramos una buena investigación, yo creo que los partidos van a tener mucha mayor responsabilidad en el manejo de sus recursos”, apuntó.
Estas indagaciones por parte de la Cicig y la fiscalía llevaron en agosto a pedir a la justicia quitar los fueron a los diputados Roberto Villate, del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder, derecha), y Orlando Blanco, de la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Estos diputados están señalados de no reportar sumas millonarias a la autoridad electoral cuando eran los secretarios generales de las agrupaciones, acusaciones similares a las formuladas contra el presidente Morales.
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Blanco lideró en el Congreso el miércoles una polémica reforma al código penal para minimizar la responsabilidad de los secretarios de los partidos por financiamiento ilegal, y que achaca la culpa a los contadores ante una eventual acusación.
La reforma está pendiente del veto o aprobación del mandatario, mientras manifestaciones en las calles acusan a los legisladores de haber concretado un “Pacto de Corruptos”.
