El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, aseguró hoy que el presidente del país centroamericano, Jimmy Morales, activará un mecanismo de controversias en Naciones Unidas para pedir su salida del país, en un intento por “neutralizar” la lucha contra la corrupción.
En una entrevista con agencias internacionales de noticias, el comisionado dijo que esta petición, delineada en el artículo 12 del acuerdo de creación de la Cicig en el sistema de ONU, en 2006, será aplicada “por primera vez” desde que se instaló el ente independiente en Guatemala, hace 10 años.
Velásquez cree que Morales aprovechará para tal fin su viaje la semana que viene a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde tiene previsto participar en la Asamblea General.
El 27 de agosto pasado, el mandatario declaró “persona non grata” al jurista colombiano y ordenó su salida inmediata del país por considerar su trabajo como una injerencia extranjera, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó la expulsión de Velásquez por considerarla ilegal.
La petición del presidente Morales se dio dos días después de que Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, presentaran una solicitud de antejuicio (desafuero) en su contra por supuestamente haber ocultado financiación ilícita durante la campaña electoral de 2015, un proceso que esta semana desestimó el Congreso.
Velásquez dijo que el blindaje de Morales en el Parlamento “no afecta” el trabajo de la Comisión ni de la Fiscalía, pues “la investigación sobre financiación electoral ilícita es más amplia”.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 27, 2017
El presidente también ha pretendido modificar el mandato de la Comisión para que esta se limitara a desarticular bandas de extorsiones o pandillas, algo que, aclaró Velásquez, solo puede realizarse bajo el mecanismo de acuerdo entre Gobierno y la ONU.
“La intención y propósito de los sectores que han sido afectados es neutralizar el trabajo del MP (Ministerio Público)-Cicig”, aseguró, y dijo que “no hay afectación real de nuestro trabajo”.
Trabajo de la CICIG
La Cicig está orientada a investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, promover su persecución y respectiva sanción, además de hacer recomendaciones al Estado sobre políticas públicas y reformas para acabar con ellas.
La investigación amplia de la Cicig sobre financiación electoral ilícita en 2015 involucraba también a los secretarios generales de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (Lider), lo que derivó en una reacción del Congreso.
Congreso aprobó reformas
El miércoles por la tarde los diputados aprobaron por mayoría calificada dos reformas al Código Penal para liberar a los directivos de los partidos de la responsabilidad penal del delito de financiación electoral ilícita y ampliar el beneficio de conmutación de penas a condenas de hasta 10 años de prisión.
El día fue calificado por la prensa como “miércoles negro” y “pacto de corruptos”, y generó manifestaciones ciudadanas y protestas de instituciones como la Procuraduría General de la Nación o el Ombudsman, y una posterior suspensión en la Corte de Constitucionalidad.
Las críticas provocaron la reacción de los diputados, que dijeron que el viernes darán marcha atrás.
Este sería un golpe certero a la lucha contra la impunidad y la corrupción que ha encabezado Velásquez junto al MP desde septiembre de 2014, pocos meses después de que la fiscal Aldana fuera investida en el cargo.
Significaría, también, el punto más alto de las reacciones en contra de la Cicig y de la campaña negra que, según el comisionado, tomó fuerza a mediados del año pasado.
CICIG es blanco de señalamientos
La Cicig ha sido acusada en múltiples ocasiones de injerencia extranjera y de vehículo de intervención de EE.UU. a través de ONU, pero el comisionado Velásquez responde que su despacho es “un órgano de apoyo a la investigación criminal y a la Fiscalía”.
El ejemplo más claro, recordó, fue el caso “La Línea” que llevó al expresidente Otto Pérez Molina a dimitir y ser procesado por defraudación aduanera y lavado. “No es una interferencia extranjera, sino cooperación y apoyo con las instituciones que lo investigaron”, explicó.
Velásquez voltea hacia el techo cuando piensa qué le podría decir al presidente Morales si tuviera la posibilidad de reunirse con él. “No se me ha ocurrido sobre qué podría girar la conversación”, dijo.
Piensa y remata: “Entiendo una reacción suya, pero en el Estado de Derecho tiene que ser fortalecido el sistema de justicia y esa debiera ser la preocupación del país”.
Desde que se estableció en Guatemala hace 10 años para un período de dos, la comisión de la ONU ha prorrogado varias veces su mandato, que vence en 2019.
Fuente: EFE
