Las reacciones son diversas luego de los cambios aprobados por los diputados. Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) considera que se trata de un golpe a la institucionalidad las reformas al código penal relacionadas con el delito de financiamiento electoral ilícito, aprobadas de urgencia nacional.
El abogado dijo que han cambiado las reglas debido a los actos por los que estaban siendo procesados algunos funcionarios. “Es un insulto desde el congreso desde el ejecutivo hacia la ciudadanía y me parece que es un juego muy perverso de querer manipular la legislación a conveniencia del sector político”, recalcó.
El Constitucionalista Mario Fuentes Destarac, resaltó que los cambios van en la línea de evadir aquellas acciones en contra de otros secretarios generales de partidos.
Acciones de inconstitucionalidad a futuro
La jurista Ilse Álvarez afirmó que lo único que puede impedir que entren en vigencia alguno de las reformas a la legislación por considerarse una amenaza es un amparo, según el proceso correspondiente.
“Hay que estimar las causas. Sobre uno de los diputados que propuso estos cambios pesa una solicitud de retiro de inmunidad”, señaló.
Ervin Díaz del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, agregó que el mensaje que daría el Presidente Jimmy Morales al sancionar esta ley contradice la intención de mantener la estabilidad, “Es una situación complicada en el contexto de la lucha contra la corrupción; él estaría contribuyendo a esta crisis de ilegalidad”, indicó Díaz.
