En la historia de Guatemala, la iglesia tuvo un papel importante de Poder, representada por las distintas órdenes religiosas desde la época Colonial, y en el proceso de Independencia no fue la excepción.
La emancipación del reino de español surge cuando los dirigentes de Chiapas en Guatemala, por medio de un acuerdo, impulsaron su Independencia del Reino de Guatemala y declararon su rompimiento con las autoridades de la Audiencia para unirse al Imperio Mexicano.
Ante dicha noticia, el Ayuntamiento de Guatemala decidió convocar a una junta general en el Real Palacio para el 15 de septiembre.
Fueron llamados: el Arzobispado, la Real Audiencia, el Ayuntamiento, el Claustro Universitario, el Colegio de Abogados, la Auditoría de Guerra, los jefes generales de los cuerpos militares, el Protomedicato, las órdenes religiosas, los curas párrocos y la Diputación Provincial.
La nota citatoria para convocar a los miembros de la Iglesia llegó al Deán del cabildo catedralicio, por lo que el mismo decidió citar a una reunión urgente de los canónigos para esa noche.
A la reunión se presentaron todos sus miembros; se les leyó la nota citatoria que les solicitaba la asistencia de dos representantes del Cabildo a la junta del día siguiente.
Así, la representación de la Iglesia estuvo encabezada por el arzobispo de Guatemala, doctor fray Ramón Casaus y Torres; el deán doctor Antonio García Redondo, quien representó al cabildo eclesiástico; también asistió el canónigo José María Castilla, con el cargo de provisor y vicario general del Arzobispado; además, la Iglesia incluyó en su representación a los superiores de las órdenes religiosas y a los rectores de las principales parroquias.
La junta extraordinaria se declaró abierta el 15 de setiembre de 1821 y se leyeron los comunicados de los ayuntamientos de Chiapas, Comitán y Tuxtla con la nota para considerar la Independencia y unirse al Plan de Iguala; luego de abierta la sesión, se puso en discusión lo que se había comunicado en la nota citatoria.
No a la Independencia
El primero que hizo uso de la palabra fue el arzobispo Casaus y Torres que, como se ha señalado, era un seguidor de la Monarquía y sostuvo sus ideas durante su alocución. Atacó cualquier forma de independencia que se propusiera y, más aún, la fórmula propuesta por el Plan de Iguala y los independentistas, y señaló que la Junta de Notables no tenía nada qué hacer más que esperar la decisión de la Corte española sobre dicho plan.
Lo siguió José Cecilio del Valle, quien a pesar de tener el cargo de Auditor de Guerra, se pronunció a favor de la independencia de España y en contra del arzobispo, pero sugirió esperar y consultar antes de tomar cualquier medida.
El otro miembro de la Iglesia que continúo fue el provisor y vicario general de la Iglesia de Guatemala, el canónigo José María Castilla. Él atacó la propuesta de espera de Del Valle y rechazó totalmente lo propuesto por Casaus y Torres; sus palabras fueron de gran fervor libertario por una independencia total y sin espera, como lo señala Estrada Monroy.
Esta actitud y sus manifestaciones, señalaron una rasgadura del cuerpo de la Iglesia, ya que atacó fuertemente a su cabeza. El ambiente del recinto se fue caldeando hasta que cundió el entusiasmo total lo que fue secundado por el pueblo congregado en las afueras.
Ante el giro que se estaba dando de los acontecimientos, Casaus y Torres muy indignado, pero manteniendo la compostura, solicitó que se le permitiera retirarse del recinto, lo que se le concedió.
A favor de la independencia
De los 17 representantes de la Iglesia, entre sacerdotes y frailes que asistieron a la Junta de Notables, ocho se pronunciaron a favor de la independencia y nueve en contra.
Con la independencia vinieron pronto los conflictos serios, especialmente con Francisco Morazán, quien fue proclamado Presidente de la Federación, e invade Guatemala, saqueando la Capital de la Federación.
La medida más radical que toma el 9 de julio es el destierro a perpetuidad y en forma inmediata del Arzobispo Metropolitano, el dominico Ramón Cassaus y Torres, juntamente con todas las órdenes religiosas, despojando a la Iglesia de todos sus bienes, derechos y privilegios.
