El Estado de Guatemala tiene “una deuda pendiente” en la búsqueda de personas desaparecidas y “le falta reconocer” las atrocidades que cometió durante el conflicto armado, dijo el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Juan Francisco Soto.
Tras 20 años de la firma de la paz en Guatemala, el activista señala que aún no existe “una política pública que enfoque esfuerzos” para buscar personas detenidas y desaparecidas en el conflicto.
Los inicios de CALDH
CALDH comenzó como una asociación no oficial en la década de 1980, durante la época más cruenta del conflicto, y no fue hasta que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) entregó las armas y concluyó el conflicto en 1996 cuando se constituyó como asociación civil sin fines de lucro.
Desde entonces se ha dedicado a estudiar, investigar, litigar y representar a víctimas y comunidades enteras de afectados por la guerra, específicamente a aquellos que sufrieron la violencia estatal, que dejó 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados, según cifras arrojadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico publicadas en 1999.
Este grupo de expertos legales fue uno de los querellantes en el caso por genocidio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), que concluyó con su condena a 80 años de prisión en mayo de 2013, pero unos días más tarde fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad al amparar a los abogados defensores que alegaron contra la juzgadora, Yassmin Barrios.
La primera condena
Antes, recuerda Soto, CALDH contribuyó en la primera condena (1997) por desaparición forzada al comisionado militar Felipe Cusanero Coj, cuando litigó en favor de la comunidad Choatalum, en San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango.
Ahí fue cuando Cusanero fue condenado a 150 años por la desaparición de 6 personas, aunque “hay muchas más”, indica Soto.
El proceso contra Cusanero, apunta el activista, “abrió la puerta para investigar las desapariciones en Guatemala”, el Constitucional aceptó que se trataba de un delito continuado porque “mientras no aparezca la persona se continúa cometiendo el delito”, como indica el Código Procesal Penal establecido en 1993.
El caso de Cobán
CALDH también trabaja en el caso de desapariciones forzadas más emblemático del país, el de la zona militar 21, en Cobán, Alta Verapaz, donde fueron encontradas 84 fosas clandestinas con más de 565 osamentas rescatadas por la Fundación de Antropología Forense.
El proceso, diluido entre amparos, recursos y decisiones dudosas de la juez Claudette Domínguez, está por iniciar el debate oral y público contra ocho militares, entre los que se encuentra el exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García, mientras que está prófugo Édgar Ovalle, fundador y exdiputado de Frente de Convergencia Nacional, partido que ganó las últimas presidenciales.
El director de CALDH admite que, desde el Poder Judicial, “el Estado ha cumplido más que desde el Legislativo y el Ejecutivo”, pero admite que “han sido si acaso 10 los casos de desaparición forzada y se habla de 45.000 personas”.
Con información de Emiliano Castro Sáenz/Agencia EFE
