A Iván Velásquez, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los indignados le apodaron “el temible” y ese miedo que infunde allá por donde pasa ha llevado al presidente, Jimmy Morales, a declararlo persona “non grata” y pedirle que abandone inmediatamente el país.
Velásquez (Medellín, Colombia; 1955) es un hombre con una misión. O era. Limpiar la podredumbre que rodea a funcionarios y empresarios, atacar la corrupción y la impunidad endémicas, y combatir el crimen organizado.
Desde que asumió el mandato de la Cicig en el año 2013, un ente adscrito a la ONU desde su creación en 2007, su mensaje en favor de la Justicia y en contra de la impunidad no titubeó.
Durante 2015, junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), mantuvo en vilo al país y terminó precipitando la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, después de que el Congreso les retirara la inmunidad y emitiera una orden de captura.
Desde entonces, Velásquez, junto a su “fiel seguidora” la fiscal general, Thelma Aldana, han desarticulado decenas de casos, uno de los cuales involucra a José Manuel y Sammy, hijo y hermano, respectivamente, del presidente, y otro al propio mandatario. Probablemente el punto de inflexión para echarlo del país.
Toda esta lucha no es ajena para el exjuez colombiano Velásquez, ni tampoco su implicación en procesos de investigación extensos, complejos y peligrosos. En su país se dio a conocer como el “magistrado estrella” del escándalo de la parapolítica.
En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999), donde en conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.
Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. A partir de 2006 hasta agosto de 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas.
También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos”.
Fue ahí donde, como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, lideró las investigaciones que acabaron en la condena de decenas de políticos por su relación con grupos paramilitares, entre ellos un familiar del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
Velásquez, quien estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, fue director del Colegio Antioqueño de Abogados “Colegas”, donde adelantó campañas contra el entonces denominado “Estatuto de defensa de la justicia”, que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.
Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.
En ese cargo logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual atendía denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, y también impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales, iglesia Católica y autoridades.
En 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Con información EFE
