Edgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó a Emisoras Unidas que “es vergonzoso” el subsidio que las empresas del transporte urbano están recibiendo desde 1976.
A su juicio, ese dinero fue asignado con mucha opacidad, de una forma “muy opaca”, y que los guatemaltecos tuvieron que pagarlo con sus impuestos.
Agregó que “hay una complicación con el subsidio”, porque no se ha pagado en su totalidad a todas las empresas, por lo que ese costo ha sido trasladado al usuario. “Esperamos que el Ministerio Público (MP) investigue este asunto, porque las empresas del transporte público podrían estar cometiendo el delito de estafa continuada”, agregó el Defensor.
Transurbano cobra de más
De acuerdo con Guerra, el Transurbano está debitando más de lo que corresponde por el precio del pasaje a los usuarios, lo cual es constitutivo de delito.
“La Municipalidad debe cancelar licencias de operación si la empresa está inclumpliendo con prestar el servicio y causando problemas a los usuarios”, insistió.
Guerra hizo un llamado para que la Municipalidad de Guatemala asigne unidades del Transmetro para que presten el servicio de inmediato en Nimajuyú, Justo Rufino Barrios, Guajitos y Villa Hermosa, para paliar el problema. El Eje Sur es el que ha sido el más damnificado.
Empresa no paga extorsión
Al ser cuestionado sobre si las extorsiones podrían ser una causa de la falta de prestación del servicio del Transurbano. Guerra señaló que la empresa siempre ha dicho que no pagan ninguna extorsión. “Si así fuera no habría justificación para trasladar el costo a los pasajeros”, insistió.
Adicionalmente, Guerra dijo que los procedimientos para sancionar al transporte son muy lentos y la legislación está muy atrasada. “Se necesita una nueva ley para regular el transporte colectivo”, sugirió.
