Concretamente esta decisión implica que si los migrantes que no llegan a Estados Unidos por un puerto de entrada autorizado, van a tener vetado el asilo, en un momento en que Trump ha denunciado como una “invasión” una caravana de migrantes centroamericanos que avanzan hacia el Norte.
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“Nuestro sistema de asilo está sobrecargado con demasiadas peticiones injustificadas de extranjeros que suponen una tremenda carga para nuestros recursos”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este nuevo reglamento fue publicado por el DHS y se espera que el decreto sea firmado en breve por Trump.
Según la nueva normativa, Trump tiene la autoridad de restringir la inmigración ilegal “si considera que esto está en consonancia con el interés nacional”.
“El reglamento de hoy aplica este importante principio a los extranjeros que violan una suspensión o restricción de este tipo en la frontera sur”, dijeron en un comunicado conjunto la secretaria del Departamento de Seguridad, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general subrogante, Matthew Whitaker.
El gobierno de Trump argumenta que tiene el poder ejecutivo para frenar la inmigración esgrimiendo motivos de seguridad nacional, un poder que invocó poco después de asumir la presidencia, cuando lanzó un controvertido decreto que prohibía la entrada al país a ciudadanos de varios países, principalmente de mayoría musulmana.
El decreto se paseó casi por todo el sistema judicial y finalmente una versión modificada que afectaba a ciudadanos de Yemen, Siria, Libia, Irán, Somalía y Corea del Norte, además de a algunos funcionarios de Venezuela, fue validada el pasado 26 de junio por la Corte Suprema.
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