Venezuela. Por los cargos de “conspiración”, “financiamiento al terrorismo” y “tráfico ilícito de armas de guerra”, un juez dictó prisión preventiva contra el periodista Roland Carreño, colaborador del líder opositor venezolano, Juan Guaidó.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusa a Carreño de haber actuado como “operador financiero” de “planes conspirativos y terroristas” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Carreño, un conocido expresentador de televisión, fue detenido el lunes y presentado ante una corte con competencia en casos de terrorismo el miércoles. La audiencia se prolongó hasta la madrugada del jueves.
Según el TSJ, Carreño presuntamente utilizaba “la fachada de organizaciones no gubernamentales” empleadas para la “logística” de una frustrada incursión armada a Venezuela, en mayo, y la salida del país del dirigente opositor Leopoldo López, quien estaba en calidad de huésped en la residencia del embajador de España en Caracas, el pasado fin de semana.
“(Carreño) Es el encargado de realizar los pagos de logística de grupos terroristas que intentan desestabilizar el orden interno y suspender las elecciones parlamentarias” del próximo 6 de diciembre, indicó el TSJ.
Tribunal de Terrorismo de Caracas privó de libertad a Roland Carreño https://t.co/8Ry6oNcHB4 pic.twitter.com/OhJzZGK7OY
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) October 29, 2020
Se prevé que las votaciones para una nueva Asamblea Nacional sean boicoteadas por Guaidó y los principales partidos opositores, que las tildan de “farsa”. Estados Unidos, por su parte, adelantó que las desconocería, y la Unión Europea, en tanto, pidió aplazarlas.
“Inverosímil”
La abogada Ana Leonor Acosta, integrante de la defensa de Carreño, calificó de “inverosímil” la versión de la Fiscalía.
Carreño fue detenido el lunes junto a otros dos activistas del partido Voluntad Popular, Yeferson Sarcos y Elías Rodríguez, quienes fueron liberados horas después.
En una declaración televisada, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que el activista movía fondos enviados a organizaciones opositoras por una fundación de CITGO, filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos. Washington entregó el control de la compañía a Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela junto a medio centenar de países.
En la legislación venezolana, el delito de “financiamiento al terrorismo” contempla penas de cárcel de 15 a 25 años.
*Con información de AFP
