El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó de qué se trata el caso de defraudación aduanera presentado ayer por el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Indicó que se obtuvieron indicios para establecer la dinámica de la organización criminal en la que existía una estructura externa que tenía a su cargo el control de determinadas aduanas.
Esta investigación deriva del caso La Línea, que surgió en 2015. Sandoval dijo que en esa pesquisa se identificaron operaciones irregulares en la aduana de Puerto Quetzal.
Mientras que en el caso recién revelado se muestran irregularidades en la aduana de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, para ello se contó con el testimonio de Jorge Guillén Sagastume, quien tenía a su cargo estructura externa en esa sede.
“Se pudo verificar que como parte del esquema también había una serie de empresas que trasladaban productos desde otros países, EE. UU. y Panamá, y el mecanismo e evasión establecido era el cambio de documentos presentados al momento que ingresaban a la aduana guatemalteca”, expuso Sandoval.
Añadió que de esa manera evadían tributos aplicables al régimen aduanero. Y los funcionarios de la SAT recibían comisiones ilícitas a cambio de apoyar las actividades de estos grupos.
Sus declaraciones se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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El fiscal añadió que ayer se llevaron a cabo allanamientos en una serie de sociedades que habrían sido utilizadas para darle seguimiento a este tipo de actividades.
Como resultado se obtuvo más información de índole contable y aduanera que será analizada.
Con la investigación que se tiene y estos nuevos indicios podría establecerse la vinculación de otras personas, aseguró.
Además, informó que en uno de los inmuebles inspeccionados se encontró gran cantidad de efedrina.
Criminalidad transnacional
Acerca del nuevo caso, el jefe de la FECI dijo que es representativo de la criminalidad transnacional.
Ello tomando en cuenta que algunas sociedades involucradas fueron creadas en el extranjero, pero también tenían sociedad en Guatemala, lo que les permitía cumplir doble función: consolidar productos en los puertos de origen de la mercancía y desconsolidar en el puerto de llegada en Guatemala, es decir, Santo Tomás de Castilla.
“Bajo esa modalidad justificaban las operaciones y daban la apariencia de que estas eran ilícitas, cuando en realidad estaban defraudando al fisco”, destacó.
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Asimismo, indicó que se han hecho las coordinaciones en materia de asistencia judicial mutua con otros países y agradeció la colaboración que les han brindado las naciones a quienes el MP ha requerido información.
Ante este escenario, Sandoval manifestó que la expectativa que tiene la Fiscalía es que la investigación va a seguir creciendo.
Hasta ahora se han ejecutado seis órdenes de captura contra implicados en este caso y se tienen cinco pendientes, incluida la de un implicado que desde 2016 está prófugo por otro caso.
En tanto, Sandoval informó que el ente investigador tuvo conocimiento de que una persona señalada está gestionando su presentación en los tribunales de justicia para afrontar los cargos que se le atribuyen.
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