El máximo tribunal, que ya había validado el texto en 2012 y nuevamente en 2015, examinará una apelación presentada por los demócratas después de la invalidación por parte de los tribunales de un elemento central de la ley que amenaza con hacer colapsar todo la normativa en conjunto.
La audiencia probablemente tendrá lugar en el otoño boreal para emitir una decisión en 2021, es decir, después de la campaña presidencial de noviembre próximo.
Promulgada en 2010, la “Affordable Care Act” o Ley del cuidado de salud asequible (ACA) es una de las reformas más ambiciosas en la historia del sistema sanitario estadounidense.
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Detalles de la ley
En su versión original, exigía que los estadounidenses contrataran un seguro bajo pena de sanciones financieras y, al mismo tiempo, obligaba a las compañías a asegurar a todos los clientes potenciales independientemente de su estado de salud.
La ley ha permitido a unos 20 millones de estadounidenses contar con un seguro de salud en un país donde el costo de los servicios médicos es extremadamente alto.
Pero los republicanos vieron el seguro obligatorio desde el principio como un abuso del poder del gobierno.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump a menudo ha atacado al “Obamacare“. En 2017, sufrió un duro revés cuando el Congreso se negó por una mayoría muy pequeña a revocarla.
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Pero los congresistas republicanos lograron modificarla, eliminando las sanciones financieras derivadas de no tener seguro.
La Corte Suprema había validado la ley en 2012 al considerar que estas multas equivaldrían a unos impuestos y justificaban una intervención estatal.
Varios estados republicanos introdujeron posteriormente nuevos recursos legales, argumentando que la ley ya no era válida. En diciembre de 2018, un juez federal conservador en Texas les dio la razón.
El magistrado, Reed O’Connor, consideró que “la piedra angular” del edificio se había caído, por lo que toda la ley era inconstitucional.
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Su decisión, que se suspendió en espera de respuesta a los recursos judiciales, fue parcialmente validada en diciembre de 2019: un tribunal federal de apelación dictaminó que la obligación de asegurar era ilegal, pero dejó a otro tribunal la decisión de si eso conllevaba a que la ley quedara completamente nula.
Los demócratas le pidieron entonces a la Corte Suprema que interviniera, lo que aceptó hacer el lunes sin dar una razón, como suele hacerlo.
Con información de la agencia de noticias AFP
