Sin embargo, la implementación de tales convenios, incluyendo el posible envío de solicitantes de asilo a Guatemala, ha abierto varios interrogantes.
El número de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos sumó casi un millón de personas en el año fiscal 2019, terminado en septiembre.
Esta cifra casi duplicó la cantidad del ejercicio fiscal anterior y generó fuertes tensiones entre Washington y países del sur, que terminaron firmando acuerdos forzados para reducir el flujo.
Con la llegada de migrantes en caravanas, muchos de familias centroamericanas en busca de asilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció una “invasión“.
En mayo, la cantidad de detenidos tras cruzar la frontera estadounidense alcanzó un pico de 144.000 personas, tras lo cual el gobierno de Trump instó a México y a Honduras, El Salvador y Guatemala a firmar bajo amenazas acuerdos para recibir a los migrantes.
Con México, Estados Unidos selló los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), que determinan que los demandantes de asilo que lleguen a la frontera común deben esperar en ese país a que se tramite su caso.
Los pactos con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica determinan que quienes aspiran a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por estas naciones deberán hacer allí su solicitud y aguardar.
Tras sellar los acuerdos, la administración de Trump reanudó la asistencia financiera suspendida en marzo hasta que se tomaran medidas para frenar la migración.
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En la frontera, después de que en mayo Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó miles de agentes.
Desde entonces, la cifra de migrantes detenidos o aprehendidos en Estados Unidos se redujo más de tres veces, a 45.000 en octubre y 42.000 en noviembre.
“Políticas como la de permanecer en México y los acuerdos con países no seguros establecen un proceso que es una farsa dirigida a que los demandantes de asilo ni siquiera tengan una oportunidad de hacer su solicitud“, dijo a la AFP Daniella Burgi-Palomino, experta de la ONG Latin American Working Group.
Así, después son “deportados sin más hacia el peligro”, agregó.
Los acuerdos con los países centroamericanos, publicados en el Registro Federal el 19 de noviembre, están en fase de implementación.
En esa publicación, las autoridades estadounidenses señalaron que hay 474.327 solicitudes de asilo pendientes, la mitad de personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
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– “Temblando de frío” –
El jefe interino del Departamento de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, dijo la semana pasada que a “medida que se implementa el acuerdo” migratorio con Guatemala, la Casa Blanca está considerando enviar a ese país a los solicitantes de “todas las poblaciones, incluyendo a los ciudadanos mexicanos“.
La Liga de Congresistas Latinos de Estados Unidos (CHC) condenó el martes esta posibilidad.
“Esto pondrá en peligro a las mismas familias que llegan a la frontera buscando protección“, indicó el presidente de esta Liga, el demócrata Joaquín Castro.
Esta iniciativa, evaluó, sumada a la política para que los migrantes extranjeros permanezcan en México, “bloquearía virtualmente a todos los demandantes de asilo de poder buscar refugio” en Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no respondió una solicitud de la AFP sobre la implementación de los acuerdos.
El sistema de asilo de Estados Unidos está “siendo desmantelado”, dijo Burgi-Palomino.
“Hay familias que están pasando las Fiestas temblando de frío en campos de refugiados improvisados en el lado mexicano de la frontera. Son secuestrados, asesinados y torturados frente a sus propios hijos porque se los obliga a esperar”, dijo la experta.
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– “Un fracaso” –
Randy Capps, experto del Migration Policy Institute, definió esta situación como “un fracaso del sistema de asilo de Estados Unidos”.
El experto se preguntó cuánto tiempo el gobierno de México puede contener a decenas de miles de migrantes en la frontera, con un despliegue de miles de agentes.
Según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, donde se tramitan las solicitudes de protección ante ese país, hubo 26.000 pedidos entre enero y noviembre de 2018, y 66.000 en el mismo periodo de este año.
“Si hay demasiados demandantes de asilo [a Estados Unidos] que quedan bloqueados en México y la situación se vuelve muy inestable, el gobierno mexicano podría verse obligado a cambiar rumbo“, planteó Capps.
Ese escenario, sin embargo, solo se daría ante un deterioro “dramático” de la situación que llevara al gobierno mexicano a correr el riesgo de “enfadar” a Estados Unidos.
Con información de la agencia de noticias AFP
