La oposición nicaragüense intenta unificar sus diferentes tendencias para revivir las protestas en busca de la renuncia del presidente Daniel Ortega, luego de que el mandatario suspendiera el mes pasado el diálogo con sus adversarios.
La unidad entre agrupaciones sociales y políticas opositoras “va avanzando para mejorar la capacidad de organización y ser más eficaz en la lucha en condiciones de mayor represión“, dijo el exvicecanciller José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que las aglutina.
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-Las demandas de la oposición nicaragüense-
La oposición demanda al gobierno que cumpla con acuerdos de liberar a todos los “presos políticos“, garantizar las libertades ciudadanas, reformas para democratizar las elecciones y devolución de medios de comunicación incautados.
“Si no es posible lograr la democracia y la justicia en la mesa de negociación, se tiene que alcanzar a través de sostener la lucha cívica y esfuerzos de unidad“, manifestó Pallais.
Los opositores exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero de 73 años en el poder desde 2007, a quien acusan de corrupción, autoritarismo y de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
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-Más de un mes que estallaron las protestas-
Meses de protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 acabaron con una represión que dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.500 exiliados, según organizaciones humanitarias.
Más de 490 opositores encarcelados o en arresto domiciliario fueron liberados bajo una polémica ley de amnistía, pero otros siguen en prisión.
Tras las protestas emergió una alianza opositora sin liderazgos tradicionales, ni asientos en el Parlamento, para presionar por cambios políticos y negociar con el gobierno.
Como secuela de la crisis, la economía se contrajo en un 3,8%, mientras gremios empresariales calculan que en 2018 se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo.
Obispo de Nicaragua denuncia asedio de grupo armado en su contra.
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En un proceso lleno de vaivenes, el gobierno y la oposición retomaron las negociaciones el 27 de febrero, pero Ortega las suspendió unilateralmente el 30 de julio.
En ese contexto, la ACJD, creada a instancia de la jerarquía católica para ser interlocutora ante el gobierno en los inicios de la crisis, reestructuró este mes su dirección, creó un consejo directivo y seis comisiones de trabajo.
La extensión de la crisis por más de un año ha provocado desánimo en algunos sectores opositores, principalmente en el exilio, que la atribuyen a una falta de estrategia y unidad.
La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, reconoció que en la población “hay angustia y frustración” pero cree que se está “entendiendo que esta lucha cívica es de resistencia y de desgaste” para el gobierno.
La UNAB agrupa a unos 40 grupos sociales y políticos, entre ellos la ACJD.
Con información de la agencia de noticias: AFP