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SJ3001 - SAN JOSÉ (COSTA RICA) 05/12/2018- El director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ), Walter Espinoza, habla en una conferencia de prensa hoy, miércoles 5 de diciembre de 2018 en la capital costarricense. El cuerpo hallado el pasado lunes cerca de un hospedaje corresponde al de la turista venezolana Carla Stefaniak, residenciada en Miami (EE.UU.), y se presume que el motivo de su asesinato sería un ataque sexual, confirmó hoy el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ). El director del OIJ, Walter Espinoza, indicó este miércoles en una conferencia de prensa que tras obtener el informe de las huellas y de odontología forence pueden confirmarse que el cuerpo corresponde a Stefaniak. EFE/Jeffrey Arguedas

Arrestan a dos sospechosos de impulsar alzamiento armado en Costa Rica

Las autoridades arrestaron este viernes a dos sospechosos de integrar un grupo que publicó un video en el que llamó a la población a alzarse en armas.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) arrestó este viernes a dos sospechosos de integrar un grupo que publicó un video en el que llamó a la población a alzarse en armas contra el Gobierno.

El director del OIJ, Walter Espinoza, detalló en una declaración que los detenidos son Álvaro Ramón Sequeira Mendiola, el supuesto líder de la agrupación y quien pronuncia un discurso en el video, y Jeffrey Fernández Ramírez.

Sequeira tiene pendiente cumplir una sentencia de 12 años de prisión y tiene antecedentes por portación ilegal de armas, asociación ilícita y estafa; mientras Fernández registra antecedentes por privación de libertad y tentativa de homicidio, según la información del OIJ.

El video publicado la semana pasada muestra a una decena de personas vestidas con ropa militar, armadas, con los rostros tapados en lo que parece ser un bosque, y uno de ellos emite un discurso en el que llama “traidor” al presidente del país, Carlos Alvarado, y lanza amenazas también a diputados.

En la grabación, el hombre se queja de la corrupción, felicita a los manifestantes que en las últimas semanas protestaron en las calles contra las políticas económicas del Gobierno y llama a la población a alzarse en armas.

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7 de julio

El director del OIJ destacó la investigación realizada con el apoyo de la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y aseguró que continuará adelante para identificar al resto de integrantes de la agrupación autodenominada “7 de julio“.

Espinoza comentó que se utilizaron herramientas como la acústica forense para identificar la voz del hombre que habla en el video y que la investigación permitió vincular a los detenidos de manera directa con las “amenazas y actos de sedición”.

El Código Penal costarricense establece un castigo de 2 a 10 años de cárcel para la persona que se alce en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los organismos del Estado o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales.

https://desarrollo2.emisorasunidas.com2019/07/12/china-advierte-a-los-ee-uu-de-que-juega-con-fuego/

Además, quien haga propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales se expone a un castigo de 6 meses a 3 años de prisión.

Por otro lado, el delito de rebelión se paga con una pena de entre 1 y 5 años de cárcel.

El presidente Alvarado destacó este viernes que las autoridades de Seguridad del país se han tomado “con toda la seriedad” el video para realizar la investigación.

https://desarrollo2.emisorasunidas.com2019/07/11/video-guardia-costera/

Costa Rica disolvió su Ejército en 1948, luego de la última guerra civil que vivió este país centroamericano.

En las últimas semanas, sectores sindicales y sociales se han manifestado en las calles en contra de las políticas económicas del Gobierno de Alvarado, del centro-izquierdista Partido Acción Ciudadana.

El principal motivo de las protestas ha sido la entrada en vigencia el 1 de julio del impuesto al valor agregado (IVA) del 13 %, que forma parte de una reforma fiscal aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

Los sindicatos también rechazan dos proyectos de ley: el que pretende prohibir las huelgas en una lista de servicios públicos considerados esenciales, entre estos la educación, y el que busca reordenar los salarios del sector público, reducir pluses y establecer un salario global.

*Con información de EFE

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