Los miembros del Gobierno de Nicolás Maduro reconocieron ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, la crisis que vive el país, aunque esgrimieron que la situación es consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2017.
La segunda jornada en Caracas de la expresidenta chilena estuvo ocupada principalmente en reuniones a puerta cerrada en la sede de la Cancillería venezolana con ministros de Maduro y con representantes de otros poderes afines al chavismo.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, afirmó que “el ataque a Venezuela ha sido un ataque sistemático, así se lo hemos informado (…) desde el punto de vista del imperialismo norteamericano, ha sido un ataque contra toda la economía nacional y ese ataque se ha visto afectado precisamente en los niveles de ingreso de la república”.
Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, entregó a Bachelet un informe en el que responsabilizó a los opositores a la Administración de Nicolás Maduro de 77 asesinatos ocurridos en medio de protestas antigubernamentales, de un total de 160, según datos oficiales.
Saab, que no señaló a los culpables de las 83 muertes restantes, resaltó que esta “cifra alarmante” se debe a “ciudadanos que militando en partidos políticos adversos al Gobierno venezolano han cometido graves daños”.
A lo largo del día en varios puntos de Caracas se verificaron protestas de trabajadores públicos y familiares de “presos políticos”, quienes denunciaban la crisis y la “violación” a sus derechos para llamar la atención de Bachelet.
Los manifestantes se concentraron en lugares donde consideran que se evidencia la crisis humanitaria que vive el país, como los hospitales, los alrededores de instituciones en las que se esperaba la presencia de la alta comisionada, así como en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cancillería.
A pocos metros del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras Bachelet se reunía a puerta cerrada con representantes de los poderes públicos, un grupo de trabajadores petroleros reiteró la exigencia del pago de una deuda laboral, reclamo que reivindican 587 empleados de Petróleos de Venezuela desde hace año y medio.
Simultáneamente, en la sede del PNUD organizaciones civiles y de derechos humanos pidieron la liberación de los presos por motivos políticos y la atención a la crisis humanitaria.
Con información de la agencia de noticias: EFE
