Una comisión del Congreso de El Salvador acordó este lunes, únicamente con los votos de los partidos de derecha, incluir a representantes de la empresa privada en el ente rector del agua, situación que abre el camino a la privatización del recurso hídrico, según la izquierda gobernante.
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, formada por 11 legisladores, dio luz verde a la inclusión de representantes del sector agropecuario e industrial en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Dos representantes oficialistas rechazan el anteproyecto de ley
Este acuerdo, que forma parte de un anteproyecto de ley que debe ser discutido en su totalidad y pasar al pleno del Congreso para su aprobación, fue rechazado únicamente por los dos representantes del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La iniciativa tuvo los votos favorables de ocho representantes de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN), mientras que un diputado de GANA se abstuvo.
FMLN asegura que se privatizará el agua
Con esta decisión, el ANA se completaría con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), alcaldías, juntas ciudadanas de agua y Universidad de El Salvador (UES).
El secretario general del FMLN, Medardo Gónzalez, criticó en sus redes sociales la decisión y señaló que este sería “un ente rector privatizador del agua“.
“No apoyaremos un ente rector privado para el agua“ y “acompañaremos todas las acciones que se promuevan desde las organizaciones sociales, las iglesias y las universidades para garantizar el agua como bien público“, apuntó González.
El agua pertenece al Estado, según la iniciativa
Por su parte, la diputada de Arena y presidente de la referida comisión, Martha Evelyn Batres, señaló que los artículos de la iniciativa que tienen luz verde establecen que el agua “es un bien de uso público, es un derecho humano y le pertenece al Estado“.
Diferentes organizaciones sociales, la Iglesia católica y universidades se han manifestado contra la inclusión de la empresa privada en el ente que decidirá sobre el uso del vital líquido.
Con información de EFE
Edición: Sergio Méndez
