El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este viernes a la Asamblea Legislativa por pretender aprobar una nueva ley de amnistía para personas involucradas en crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
“Esta ley es ilegal e injusta. Y no podemos permitir que sea aprobada”, escribió Bukele en su cuenta en Twitter.
Aquí no encontrarán “tecnicismos”, aquí voltearán a ver para otro lado (a pesar de ser ilegal), aquí habrá amplio apoyo, aquí pasará sin problemas, aquí darán sus votos los de ARENA y los del FMLN.
Esta ley es ILEGAL e INJUSTA. Y no podemos permitir que sea aprobada. https://t.co/UAPFypJwZz
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 22, 2019
Una comisión del congreso unicameral estudia aprobar una ley de reconciliación que conceda “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos de guerra, independientemente del sector al que hubieran pertenecido (ejército, guerrilla, escuadrones de la muerte), entre 1980 y 1992.
“Aquí no encontrarán tecnicismos”, alertó Bukele.
Al igual que el futuro gobernante, organismos humanitarios arremetieron contra el proyecto por considerar que busca mantener la impunidad en el país.
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Congreso guatemalteco también promueve una Ley similar
En el Congreso de Guatemala, existe una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional, la cual busca extender la amnistía general a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, y ante ello, la Organización de Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual Achí presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para detener dicha iniciativa.
Víctimas presentan amparo en CC para frenar reformas a ley de reconciliación.https://t.co/lSZvkCQk5G pic.twitter.com/YaYGb6nuUa
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 13, 2019
Así se llegó a los acuerdos de paz en El Salvador
Bajo la mediación de la ONU, el 16 de enero de 1992 el gobierno derechista de la época y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda en el poder desde 2009) firmaron acuerdos de paz que acabaron con el conflicto de 12 años que dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas económicas por 1.579 millones de dólares.
Con el fin de la guerra, todo clamor de justicia chocó durante 24 años con la ley de amnistía de 1993. Pero luego de su anulación por la Corte de Justicia, en 2016, familiares de las víctimas iniciaron procesos para buscar verdad, castigo y reparación.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) cuestionó a la comisión legislativa que estudia la nueva amnistía al estar integrada por diputados con pasado en el ejército o en la guerrilla.
Es como “el lobo cuidando a las ovejas”, “son juez y parte, son impresentables”, comentó a la AFP Saúl Baños, del directorio de Fespad.
