Madrid – El juicio de doce dirigentes independentistas catalanes comenzó hoy en el Tribunal Supremo español con críticas de las defensas al proceso, al que consideran de fondo político y con vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.
La primera jornada de este juicio empezó con asuntos de procedimiento y técnicos, tras las cuales comenzaron las cuestiones previas planteadas por los abogados defensores.
El primer letrado en intervenir fue Andreu Van den Eynde, el abogado de dos de los acusados, el exvicepresidente regional catalán Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva.
Se trata de un juicio político
Van den Eynde aseguró que se trata de un juicio “político” que ha “criminalizado” cuestiones como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
El letrado aseguró que ha habido “denegación de pruebas” y “vulneración de derechos fundamentales”, criticó que los acusados lleven más de un año en prisión provisional y recalcó que la Constitución española no permite criminalizar a “la disidencia”.
Además, Van den Eynde recalcó el derecho a defender la independencia de una entidad subestatal, en referencia a la región autónoma de Cataluña, “en términos de pueblo oprimido”, algo que según él permite la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).
El juicio, cuya duración prevista es de unos tres meses, se lleva a cabo en la Sala de Plenos del Supremo con siete magistrados, que tendrán que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, y en qué grado.
¿De qué se les sindica?
Los hechos por los que se acusa a los procesados son la aprobación en el Parlamento regional de leyes independentistas, el acoso a una misión policial y judicial que acudió a buscar pruebas a un departamento del Gobierno regional catalán, la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral a favor de la secesión, el día 27 de ese mes.
La Fiscalía pide para los doce acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión (con uso de violencia), malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición.
El partido ultraderechista Vox, que ejerce la acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años.
El presidente del Gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, acudió con dos miembros de su Ejecutivo a esta primera jornada, en la que también están representantes de los parlamentos regionales catalán y vasco.
Con información de agencia EFE
