El polémico fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, anunció que el martes presentará su renuncia, en medio del rechazo popular por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, así como por sus decisiones contra el equipo especial del caso Lava Jato.
“Estoy convocando a Junta de Fiscales Supremos para el 8 de enero en la que, por respeto a mi institución, al amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación”, escribió en un comunicado difundido en su cuenta en Twitter.
Comunicado para la opinión pública: pic.twitter.com/s37i9ZQJdQ
— Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) 8 de enero de 2019
Chávarry asegura en su comunicado que es un demócrata con una trayectoria limpia e impecable en la impartición de justicia.
“Si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución a la que represento como Fiscal de la Nación, estoy convocando a la Junta de Fiscales Supremos para presentar mi renuncia”.
La dimisión de Chávarry se da en momentos que en el Congreso se debate una proyecto de ley presentada por el presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia al Ministerio Público y que permitirá el cese de Chávarry en el cargo y la separación temporal de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
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Esta actitud del mandatario se debió a que Chávarry anunció el 31 de diciembre -a cuatro horas del fin de año- “dejar sin efecto la designación de Rafael Vela y de José Domingo Pérez de las investigaciones del caso de la brasileña Odebrecht.
Luego de que miles de peruanos marcharon exigiendo la renuncia de Chávarry y el retorno de los fiscales Vela y Pérez, el fiscal general dio marcha atrás y los repuso.
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Juró al cargo el 20 de julio último con numerosas críticas en su contra por audios que probarían diversos nexos entre él y el ex juez supremo César Hinostroza, supuesto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Hinostroza es considerado como el cabecilla de la organización criminal, se fugó a España donde solicitó asilo. El gobierno español se lo negó y lo tiene preso a pedido de Perú, que gestiona su extradición.
