El Senado argentino autorizó este miércoles por unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Kirchner, un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública.
La votación fue afirmativa por parte de los 67 senadores presentes en la sesión, incluida la propia Cristina Kirchner. No hubo abstenciones.
El pedido de allanamiento había sido solicitado por el juez Claudio Bonadio y requería la votación en el Congreso, pues la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios.
La sesión se prolongó durante seis horas, con intervenciones de 24 senadores.
#AvanceEU | El Senado de #Argentina aprueba, por unanimidad, "allanar residencias de la expresidenta Cristina Kirchner".
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 23, 2018
“La comunicación (sobre la autorización) al juez Bonadío -que ya firmé- será entregada a primera hora de mañana (jueves)”, tuiteó tras la votación la vicepresidenta y titular del Senado, Gabriela Michetti.
En su discurso, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.
“Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada”, aseveró.
Debido a sus fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.
La semana pasada, una sesión en el Senado para evaluar el pedido de Bonadio había fracasado por falta de quórum.
Resguardo de intimidad
Como antesala, en una carta a los distintos bloques del Senado difundida el martes, Kirchner se declaró dispuesta a que se allanaran sus domicilios de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, estos dos últimos en el sur del país, aunque pidió que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos.
También solicitó la presencia de sus abogados y un senador durante los allanamientos.
En busca del dinero
Kirchner es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.
Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría implicar alrededor de 160 millones de dólares.
La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante esos diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
