Facebook anuncia medidas para controlar mejor la publicidad política

Facebook anunció el viernes que requerirá saber quién financia cualquier publicidad política colgada en su plataforma y verificará la identidad del pagador, en un intento por frenar injerencias extranjeras en las elecciones.

La red social, en el punto de mira por no hacer suficiente para evitar la manipulación en su plataforma en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, aseguró que la nueva política exigirá a cualquier mensaje relacionados con candidatos o temas públicos incluir la etiqueta “publicidad política” con el nombre de la persona o entidad que la ha pagado.

El jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que el cambio significará la “contratación de miles de personas” y se llevará a cabo este año antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre.

“Estos pasos por sí solos no detendrán a los que traten de burlar el sistema”, confesó Zuckerberg en su página de Facebook, “pero harán que sea mucho más difícil para cualquiera hacer lo que hicieron los rusos en las elecciones de 2016, y usen cuentas y páginas falsas para publicar anuncios”.

Filtración de datos de Facebook pudo afectar a 2.7 millones de europeos.

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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 6, 2018

En una comunicado aparte, Facebook dijo que los cambios ayudarían a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la red.

“Creemos que cuando visitas una página o ves un anuncio en Facebook, debería estar claro de quién viene”, afirmó el grupo en el comunicado, que añadió: “También creemos que es importante para la gente poder ver los otros anuncios que se están publicando, incluso si no van dirigidos a ellos”.

Para ser autorizados por Facebook, “los anunciantes necesitarán confirmar su identidad y localización”, afirma en el texto, y no se les permitirá publicar “anuncios políticos hasta que estén autorizados”.

Facebook hizo el anuncio mientras Zuckerberg se prepara para comparecer en el Congreso la semana próxima para contestar a las preguntas sobre el uso de los datos de 87 millones de usuarios por parte de una consultora británica que trabajaba para la campaña presidencial de Donald Trump.