Analistas debaten en torno al financiamiento electoral ilícito

6 abril, 2018
12:22 pm
Manolo Garcia

Diputados del Congreso analizan los aportes que han recibido respecto de las reformas al artículo 407, literal n) del Código Penal.

Diputados del Congreso de la República analizan los aportes que han recibido respecto de las reformas al artículo 407, literal n) del Código Penal, relativo al enriquecimiento electoral ilícito, y también estudian tres propuestas de cambio presentados en torno a esa norma.

El programa A Primera hora invitó a los analistas Juan Callejas y Gerson Sotomayor con el fin de analizar los escenarios que pudieran plantearse en ese sentido.

Callejas estima necesario recordar que en la democracia republicana hay separación de los poderes del Estado y que la Corte de Constitucionalidad (CC) hizo un planteamiento respecto de algunas dudas relacionados con el primero y segundo párrafo del artículo 407, literal n) del Código Penal, y recomendó al Congreso hacer la modificación, con lo cual le reconoce su independencia.

#EUCoyuntura Callejas indica que el debate al cual se debe llevar al país y definir desde el punto de vista jurídico es si se opta el financiamiento electoral que sea cien por ciento del Estado. pic.twitter.com/NkyMWw6gaa

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Un cambio constitucional

“El Congreso está llevando las discusiones, y tendrá que arribar a conclusiones para que, en las circunstancias que lo considere, plantee un proyecto que será aprobado o no, partiendo de las tres ideas presentadas, y quizá una cuarta que llene los requerimientos constitucionales, no necesariamente la recomendación de la CC”, explica el experto.

Callejas supone que, de pronto, cuando haya alguna aprobación al respecto, habrá alguien que plantee un recurso ante la CC, si no satisface lo que los diputados aprueben.

En todo caso, él está consciente de que “no se están tocando las reformas de fondo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos… no se ha llegado a un debate si es el Estado el que financie la política o si son órganos privados los que tengan que hacerlo”.

¿La corrupción es estructural y sistémica?

“Es clarisimo. Así es. Por eso, entretenernos en un articulito (407, literal n)), en que la CC manda al Congreso hacer esa tarea, está bien, pero no está ahí el problema. La clave es financiamiento ilícito, venga de donde venga.

Callejas insiste en que el debate al cual hay que llevar al país, es si se opta porque el financiamiento sea 100 por ciento del Estado o no, “porque es la única manera de garantizar que habrá una disminución de la corrupción que hay en el país”.

Gerson Sotomayor dice que cambios deben ser prudentes

Para este analista “es prudente recordar las opiniones y las tres propuestas que el Congreso ha recibido en torno a las reformas a la norma citada”.

Se pretendía separar en tres el tema, pero eso generó mucho ruido alrededor del sentido del segundo párrafo de lo que habla a CC, que reconoce la potestad del Congreso. Las otras propuestas que pretenden dividir el párrafo en tres.

“Técnicamente, y por las circunstancias políticas actuales, creo que a partir de eso, el Congreso debería fijarse en un solo artículo que regule el financiamiento ilícito separando las conductas”, opina Sotomayor.

“El Congreso debería establecer con claridad la pena de prisión, la pena pecuniaria, la inhabilitación de funcionarios y propuesta de la Contraloría de que se inhabilite a las personas para ser contratistas de obra del Estado en caso de financiamiento ilícito, porque aquí se da el pago de facturas políticas”, expresa.

#EUCoyuntura Sotomayor: “Por pertinencia política no se deben generar otros artículos”. pic.twitter.com/CX1CKiBDiL

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“Por pertinencia política, los diputados no deberían derogar el segundo párrafo. Debe concentrarse en el mismo párrafo el delito de financiamiento político. Por pertinencia política no generemos otros artículos sino que respetemos la recomendación de la CC”, insiste el experto.

A su juicio es necesario separar los actos que estaban contemplados en el segundo párrafo, en el que se toma en cuenta al que da y al que recibe el financiamiento, y que debería ser perseguido, tomando en cuenta la proporcionalidad, la racionalidad y la justicia.

“No podemos cotejar las mismas penas para el financiamiento ilícito que para el financiamiento anónimo, concluye.