Con el último aliento, el gobierno de Michelle Bachelet interpuso ante la justicia chilena una denuncia para que se investiguen los casi 30.000 testimonios sobre torturas cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), incluidos en dos informes oficiales que mantienen en secreto las identidades de las víctimas.
A un día del cambio de mando del pasado 11 de marzo, cuando Bachelet le entregó el poder al derechista Sebastián Piñera, su subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, plasmó en tribunales la denuncia, según confirmó este viernes a la AFP una fuente del Poder Judicial, completando la ofensiva final de la mandataria socialista para avanzar en temas pendientes sobre causas de derechos humanos.
“La denuncia involucra a los testimonios de la Comisión Valech I y II y fue aceptada por el juez (Mario) Carroza”, señaló la fuente del Poder Judicial.
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Durante su gobierno, la socialista -objeto ella misma de tortura, al igual que su madre, y su padre que murió en prisión víctima de ellas- intentó sin suerte levantar el secreto de miles de testimonios recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como ‘Comisión Valech’.
La reserva de identidad permitió que muchos se atrevieran a revelar los detalles de las detenciones ilegales y torturas -incluyendo violaciones y uso de electricidad- perpetradas a miles de chilenos por el régimen de Augusto Pinochet, que en sus 17 años provocó la muerte a más de 3.200 personas.
La Comisión Valech -desarrollada durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006)- estableció reparaciones económicas para las víctimas y un plazo de 50 años para la reserva total de la identidad específica de cada testimonio.
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Pero para Bachelet y su gobierno sólo conociendo la identidad de las víctimas y de los agresores se logrará que las causas avancen en la justicia y se pongan tras las rejas a todos los responsables.
La decisión de presentar la denuncia, se suma al proyecto de ley enviado la última semana de su gobierno -pero conocido hace pocos días- que entrega nuevas reparaciones económicas a víctimas y familiares de prisión política y tortura durante la dictadura de Pinochet.
Otra instancia relacionada con la dictadura que acaparó la atención fue la decisión de cerrar Punta Peuco, una cárcel especial ubicada en las afueras de Santiago en la que cumplen condena un centenar de represores de la dictadura.
Según fuentes cercanas a su gobierno, Bachelet habría firmado el decreto de cierre, pero su ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a estampar su firma lo que impidió que se concretara la clausura.
Con información de la AFP
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