El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este jueves una polémica ley de seguridad pero dio “la bienvenida” al análisis de la Suprema Corte para definir la constitucionalidad de la norma, que según defensores de derechos humanos busca militarizar el país.
La autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México anunció el sábado que estudia una acción de inconstitucionalidad contra la ley, mientras que partidos de oposición dijeron que también preparaban una iniciativa similar.
La llamada Ley de Seguridad Interior busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.
Pero el operativo se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196.000 personas asesinadas y unos 30.000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.
Estas son las protestas que se han generado en contra de la normativa:
Organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla subrayando que la estrategia militar no ha sido exitosa.
Fuente: AFP
