Una polémica ley que regula la participación de militares en el combate contra el crimen organizado en México fue aprobada este viernes por el Congreso, en una decisión que la oficina para los derechos humanos de la ONU consideró “lamentable”.
Tras el visto bueno del Senado horas antes, la Cámara de Diputados ratificó la llamada Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones. Ahora deberá ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Elizabeth Throssell, expresó a través de Twitter que la aprobación de la norma “no es un paso positivo”.
La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, que puso a soldados a complementar tareas de policía civil y que vino acompañada de una escalada de la violencia.
Los opositores a la normativa argumentan que la ley perpetúa una medida de excepción que ha vulnerado los derechos humanos en México.
“Para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, agregó Throssell.
La senadora del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, descartó que sea “intención del gobierno de la República militarizar al país” ni que las fuerzas armadas asuman tareas de Seguridad de manera permanente, según un comunicado del Senado que la cita.
ACNUDH, el ombudsman mexicano y la Comisión Interamericana en la materia habían llamado esta semana al Legislativo a no aprobar la ley tal y como estaba planteada.
– Recurso de inconstitucionalidad –
Académicos, políticos de oposición y voces de la sociedad civil, incluyendo celebridades como los actores Diego Luna y Gael García, también protestaron y expresaron su temor a que la norma pueda agravar la violencia en México.
Desde 2007 a la fecha, más de 196.000 personas han sido asesinadas en México y 30.000 están desaparecidas, según cifras oficiales que no precisan cuántos casos están relacionados con la criminalidad.
La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero que puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.
También da al presidente la potestad de ordenar la acción inmediata en casos en que las amenazas a la seguridad representen un grave peligro para la integridad de las personas o para el funcionamiento de las instituciones.
Sin embargo, se anticipa que el ombudsman de México presente un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.
“Estoy segura que podemos superar todas las dudas y las posiciones adversas”, dijo la senadora Díaz, sobre el eventual recurso a la radio local Grupo Fórmula.
