La justicia salvadoreña revisará la condena a 30 años de cárcel impuesta en 2008, amparada en una severa legislación antiaborto, a Teodora Vásquez, que luego de un parto intempestivo fue acusada de homicidio agravado.
La audiencia realizada este viernes, seguida de cerca por agrupaciones locales de mujeres y organismos extranjeros como Amnistía Internacional tendrá lugar en un tribunal de San Salvador.
“Lo que voy a pedir es la anulación de la sentencia porque hay errores muy fuertes”, declaró a la AFP Víctor Hugo Mata, el abogado defensor de Teodora Vásquez, una mujer de 34 años.
El caso se remonta al 14 de julio de 2007 cuando Teodora, que tenía nueve meses de embarazo, tuvo una emergencia obstétrica mientras trabajaba de empleada en un colegio de San Salvador.
Mata relató que Teodora, desde el baño del colegio, llamó al servicio 911 de emergencias para que la llevaran al hospital, y al no obtener respuesta sufrió una hemorragia severa y el bebé nació muerto.
Al localizar al bebé muerto, otro empleado del colegio avisó a la policía que patrullaba la zona. Teodora, en estado inconsciente, fue detenida.
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– Errores en proceso –
Para el abogado Mata, la sentencia de 2008 contiene errores graves, como el hecho de que la autopsia del Instituto de Medicina Legal consignó que el recién nacido falleció por “asfixia perinatal” lo cual es una “causa natural de muerte”, pero luego en la audiencia en el tribunal dijo que “murió por asfixia por sumersión porque lo habían metido en el agua”.
Esa nueva versión de lo ocurrido, según Mata, no estaba consignada en la autopsia y no tiene base científica, pero esa “contradicción fundamental” no fue tomada en cuenta por el tribunal, que la procesó por “homicidio agravado” y en enero de 2008 la sentenció a 30 años de prisión.
“Aquí hay una serie de errores que se han cometido, desgraciadamente el tribunal actuó sin criterio científico y legal”, sostuvo el abogado.
“La niña nació muerta, tan es así que en el colegio nadie escuchó llanto”, asegura el abogado con base en un estudio realizado por peritos salvadoreños y guatemaltecos.
En la audiencia del viernes, según Mata, el tribunal podría ratificar la sentencia original o bien anularla y ordenar un nuevo juicio.
Una tercera opción es que el tribunal acepte las “contundentes” pruebas que se van a presentar de los peritajes, anule la sentencia y la “exima de toda culpa y la deje en libertad”.
El Salvador criminaliza el aborto en todos los casos, inclusive cuando es necesario para salvaguardar la vida y la salud, imponiendo graves penas de hasta 40 años de cárcel a las mujeres y los médicos que lo practiquen.
Mike Pence, primer vicepresidente que asiste a la marcha anual antiaborto.
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