El fujimorismo, con amplia mayoría en el Parlamento, presentó una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por presuntamente no investigar a empresas peruanas que trabajaron en consorcio con Odebrecht, firma brasileña que admitió pago de sobornos a cambio de obras públicas.
“No vemos que él haya garantizado esas investigaciones, por eso creemos que ha cometido esta falta (constitucional)”, dijo el portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. El tema deberá ser evaluado por una comisión en el Parlamento y pasar por un largo proceso, antes de llegar al plenario.
La denuncia contra Sánchez llega en momentos en que el Ministerio Público reabrió, bajo la ley de crimen organizado, una investigación al exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos durante la campaña de 2011 e incluyó en ella a Keiko Fujimori, candidata presidencial ese año y en 2016.
Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), preso por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La fiscalía también la investiga por la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar a Keiko a 500 y hacer una visita), que apareció en una agenda del empresario Marcelo Odebrecht.
“Inaceptable denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación. Urgente preservar la autonomía del Ministerio Público ante injerencia política”, dijo el legislador oficialista Gino Costa.
Por su parte, la también fujimorista Úrsula Letona aseguró que es Fuerza Popular el que sufre persecución política de “cierto sector” del Ministerio Público.
El fiscal Sánchez rechazó la acusación y aseguró que continuará con su trabajo, “caiga quien caiga”.
“No es una investigación política, aquí no hay políticos en la fiscalía, no hay mano negra. Se investigan a personas (…) no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso (…) No vamos a tener miedo de seguir luchando contra la corrupción”, dijo Sánchez durante una ceremonia el lunes.
