La nueva norma, sancionada por amplia mayoría, modifica las leyes electorales vigentes y se aplicará a partir de los comicios regionales y municipales de 2018. El impedimento se aplica aún cuando la persona haya cumplido su condena o se haya considerado rehabilitada. El tema pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
“Representar a un país es un privilegio (…) Seamos respetuosos de la democracia y de aquellos derechos que nos definen como sociedad. Es inaceptable que tengamos candidatos que no respeten el derecho del país. Es vergonzoso que personas condenadas por terrorismo o apología tengan un cargo público”, dijo la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Úrsula Letona.
Perú vivió entre 1980 y 2000 una guerra contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA que dejó 69.000 muertos, según una Comisión de la Verdad. Ambas agrupaciones son consideradas terroristas en Perú.
Varios de sus líderes cumplen cadena perpetua, aunque otros de sus integrantes van quedando libres tras el fin de sus condenas. Según las autoridades, algunos de ellos buscan afiliarse a organizaciones civiles afines a sus ideologías.
Una de ellas es el Movadef, que reúne a estudiantes, maestros, trabajadores y familiares de los condenados por terrorismo, e intenta inscribirse para participar en elecciones, aunque su pedido ha sido rechazado en varias ocasiones.
Según, la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía, están apareciendo nuevos grupos de fachada de Sendero Luminoso para captar estudiantes.
Perú es, además, el segundo mayor productor mundial de hoja de coca, insumo clave para la cocaína, y libra una dura guerra contra el narcotráfico. Su economía mueve anualmente unos 8.500 millones de dólares producto de esta actividad, según la procuraduría antidrogas.
El país también ha sufrido los embates del caso “Lava Jato”. La constructora brasileña Odebrecht admitió pago de sobornos por 29 millones de dólares a cambio de obras públicas entre 2005 y 2014.
Las investigaciones tienen en prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala, mientras contra el exmandatario Alejandro Toledo pesa una orden de extradición desde Estados Unidos.
