La justicia española dictó este jueves prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista.
La medida, último episodio a la fecha en la peor crisis política española de las últimas décadas, desató manifestaciones de apoyo a los independentistas en Cataluña.
La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, se dispone a dar luz verde a la petición de la fiscalía de dictar una orden de captura contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus ministros, que estarían en Bélgica y desatendieron el llamado de la justicia.
“Acabo de recibir un mensaje de mi cliente de que efectivamente se emitió (una orden) contra el presidente y otros cuatro ministros que están en Bélgica”, dijo su abogado Paul Bekaert. “En términos prácticos, significa que la justicia española presentará la solicitud de extradición a los fiscales federales en Bruselas”, agregó.
Lamela actuó el mismo día contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudieron al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron “un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado”.
Otorgó libertad provisional bajo fianza para un noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.
En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la liberación de los consejeros y del vicepresidente” Junqueras y “el fin de la represión política”.
“Ya no es un asunto interno español, la comunidad internacional y especialmente la comunidad europea debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes”, afirmó.
Fuente: AFP
