El Parlamento de Panamá aprobó en el primero de tres debates un proyecto de ley que establece compensaciones económicas para aquellos ciudadanos que denuncien actos de corrupción dentro de las instituciones públicas.
“Con estas herramientas en otros países han conseguido recuperar grandes sumas de dinero y han podido utilizar esos fondos en las soluciones que los pueblos necesitan”, aseguró el diputado oficialista José Antonio Domínguez, artífice de la propuesta.
El texto, que fue presentado en enero de 2015 y hasta ahora no había sido discutido, contempla que los ciudadanos que denuncien estos delitos podrán reclamar hasta el 30 % del total del dinero recuperado por el Estado.
Aquellos ciudadanos que se animen a acudir a las autoridades tendrán que aportar “datos certeros y útiles”, identificar a los autores, dejar por escrito su compromiso de ratificar la información cuando la autoridad competente se lo solicite y “aportar una fianza de indemnización por el monto señalado por la Fiscalía Anticorrupción”, según el proyecto de ley 215.
El documento, que está colgado en la página web del Parlamento, determina además que ni los funcionarios de la Fiscalía ni sus familiares podrán aportar información ni beneficiarse de la compensación económica.
Este tipo de leyes, apuntó el diputado del gobernante Partido Panameñista, están vigentes en varios países latinoamericanos, así como en Estados Unidos y Reino Unido.
La justicia panameña tiene abiertos al menos un centenar de casos que tienen que ver con actos de corrupción cometidos por funcionarios del Gobierno anterior.
Con información de la agencia EFE
Arriban a Panamá fiscales y procuradores para encuentro anticorrupción por Odebrecht.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 29, 2017
