El gobierno español ha obtenido la autorización del Senado para aplicar una amplia batería de medidas con las que intervenir la autonomía catalana y atajar el proyecto independentista de sus actuales autoridades.
Las disposiciones se amparan en el artículo 155 de la Constitución española, nunca empleado de lleno, y ya están en vigor, al haber sido publicadas este mismo viernes en el Boletín Oficial del Estado.
Entre esas medidas, el ejecutivo central de Mariano Rajoy prevé destituir al gobierno regional y tomar el control de la policía.
– Gobierno catalán –
El gobierno de Rajoy podrá cesar a la totalidad del ejecutivo regional catalán, que tiene como presidente a Carles Puigdemont y como vicepresidente a Oriol Junqueras.
Sus funciones quedarán en manos de los ministerios, o bien de “los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el gobierno de la nación”.
Igualmente, Rajoy tendrá potestad para disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones “en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado”. Actualmente, dicha competencia le corresponde a Puigdemont como presidente de la Generalitat.
Más allá del gobierno catalán, el ejecutivo de Rajoy va a poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en los organismos y entidades dependientes de la Generalitat.
– Policía catalana –
Cataluña cuenta con su propia fuerza de policía, los Mossos d’Esquadra, que en condiciones normales depende exclusivamente del consejero regional de Interior. Sólo en caso de operativos desplegados por motivos de especial gravedad puede depender del Estado.
El ejecutivo de Rajoy puede sin embargo ahora “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los alrededor de 16.000 agentes con que cuentan los Mossos.
Incluso, “en el caso de que sea necesario”, los miembros de la policía catalana “serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, esto es, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
– Las finanzas –
Ya en septiembre, el gobierno central intervino las cuentas de la Generalitat, para intentar en vano impedir el referendo del 1 de octubre. La medida sigue vigente.
Ahora tiene autoridad para ejercer todas las competencias financieras, presupuestarias y fiscales, y asegurarse así de que ni un solo euro de los impuestos locales o el dinero enviado desde Madrid sea desviado a la financiación del proyecto independentista.
– Telecomunicaciones –
Rajoy obtuvo igualmente asumir “las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales”.
Esto implica el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), el órgano que coordina y planifica los sistemas y servicios informáticos desplegados por el gobierno regional.
El ejecutivo había pedido también controlar los medios de comunicación, a saber, la televisión y la radio públicas (TV3 y Catalunya Ràdio). En virtud de una enmienda, dicha proposición se cayó del texto.
– Parlamento –
El Senado establece por otro lado algunas limitaciones a la actividad del Parlamento catalán, de mayoría independentista.
En virtud de éstas, una vez destituido Puigdemont no podrá celebrar ninguna sesión de investidura de un candidato a sucederlo.
Igualmente, la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat.
El gobierno había solicitado poner bajo su completa tutela la actividad parlamentaria, para asegurarse de la constitucionalidad de todo texto tramitado en la cámara. Sin embargo, esta propuesta también quedó en nada, pues los controles inicialmente pedidos son “contrarios a la Constitución”, indicó el Senado.
