Sánchez, que compareció este lunes por segunda vez ante el alto tribunal en Madrid, es sospechoso de este delito por haber convocado y arengado a centenares de manifestantes el 20 de septiembre, que dificultaron por horas la salida de agentes de la policía española que registraban unas dependencias del gobierno catalán en Barcelona.
Por ese caso también están encausados por presunta sedición el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y el jefe de otra organización independentista catalana Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
El delito de sedición puede ser castigado con hasta quince años de cárcel.
Trapero, de quien se sospecha que no hizo lo suficiente para impedir el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre en Cataluña, quedó en libertad provisional este lunes, al igual que Laplana.
Según un auto judicial, Sánchez y Cuixart “se erigieron como interlocutores de la concentración” del 20 de setiembre y, subidos sobre un vehículo de la Guardia Civil española, llamaron a “la movilización permanente”.
“Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”, clamó Sánchez, según el auto.
Durante la manifestación, tres autos de la Guardia Civil sufrieron destrozos.
España se encuentra sumida en su peor crisis política en 40 años, en medio de la apuesta independentista de las autoridades de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes al noreste del país, que es resistida de plano por el gobierno central que podría suspender su autonomía.
