“¡No podemos mantener a la FEMA (la agencia federal de gestión de emergencias), los militares y los socorristas, que han sido increíbles (en las circunstancias más difíciles) en Puerto Rico para siempre!”, tuiteó el mandatario.
“La electricidad y toda la infraestructura eran un desastre antes de los huracanes. El Congreso decidirá cuánto gastar…”, agregó.
Puerto Rico, una isla en el Caribe de 3,4 millones de habitantes hispanoparlantes, pero ciudadanos estadounidenses, ya sufría una profunda crisis financiera antes del embate de los huracanes Irma y María el mes pasado.
Ahora, además de lidiar con una colosal deuda, que lo llevó a declararse en bancarrota en mayo, enfrenta la destrucción total de su sistema eléctrico, problemas de suministro de agua potable y el colapso de sus telecomunicaciones.
Tres semanas después de María, 5.600 personas siguen viviendo en refugios, apenas 17% de los abonados tienen electricidad y sólo 64% acceden a agua potable, agravando los riesgos sanitarios.
Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de la capital San Juan, en primera línea entre los que acusan a Trump de haber abandonado a los puertorriqueños, respondió furiosamente al presidente.
– “Odiador en Jefe” –
“Sus comentarios sobre Puerto Rico son impropios de un Comandante en Jefe, parece más bien que provienen de un Odiador en Jefe”, tuiteó, dirigiéndose al mandatario.
“No es que usted no entienda; es que es incapaz de cumplir el imperativo moral de ayudar al pueblo de Puerto Rico”, añadió Cruz, a menudo apodada “Pitirre”, un ave muy pequeña que se defiende ferozmente de sus predadores.
También el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reaccionó en Twitter, aunque sin hablarle directamente al presidente.
“Los ciudadanos americanos en Puerto Rico reclamamos la ayuda y los derechos que le corresponden a los ciudadanos de nuestra Nación”, escribió.
Rosselló había solicitado el miércoles una ayuda económica adicional al Congreso estadounidense de 4.900 millones de dólares bajo el programa de auxilio a siniestrados Community Disaster Loan.
Tras una visita a la isla la semana pasada, Trump había pedido al Congreso que liberara un paquete de ayuda de 29.000 millones de dólares para Puerto Rico, de los cuales 16.000 millones estaban destinados para borrar una parte de la colosal deuda de este territorio estadounidense, estimada en 73.000 millones de dólares.
La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también se unió a las críticas a Trump. Puerto Rico y las vecinas Islas Vírgenes estadounidenses -otro territorio estadounidense en el Caribe golpeado por Irma y María- “necesitan más ayuda, no menos, del gobierno federal”.
– Cámara vota ayuda –
La Cámara de Representantes aprobó el jueves un paquete de ayuda por desastres de 36.500 millones de dólares, que incluye a Puerto Rico, con unos 1.270 millones para asistencia alimentaria a la isla.
El proyecto de ley pasa ahora al Senado, que lo debatirá a principios de la próxima semana.
“Tenemos que estar junto a la gente de Puerto Rico en su esfuerzo de reconstrucción”, dijo el republicano Paul Ryan,el presidente de la Cámara, quien el viernes visitará la isla para ver de primera mano los destrozos.
Tras la polémica suscitada por los tuits de Trump, su jefe de gabinete, John Kelly, garantizó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los socorristas se quedarán en Puerto Rico “hasta que el trabajo esté terminado”.
Como Kelly, otros funcionarios se ocuparon de garantizar que la isla recibirá ayuda federal por el momento.
El capitán Scott Miller, portavoz del comando norte del ejército estadounidense que supervisa las operaciones de rescate en Puerto Rico, negó haber recibido instrucciones de reducir la ayuda.
“Nuestro foco sigue siendo apoyar a la FEMA y al territorio de Puerto Rico en el despliegue de fuerzas de apoyo logístico, bienes e insumos médicos”, aseguró a AFP.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró por su parte que la ayuda continuará en el terreno, pero recordó que “las recuperaciones exitosas no duran para siempre”.
“Nuestro gobierno está trabajando con el gobernador Rosselló y el Congreso para identificar el camino más responsable fiscalmente”, afirmó.
